“Estamos trabajando a nivel federal de forma articulada, considerando los aspectos ambientales, sociales, culturales y económico”, destacó la secretaria de Política Minera, Carolina Sánchez, y resaltó la “necesidad de contar con una herramienta regulatoria de gestión para llevar adelante esta etapa de todo proyecto minero que constituye el cierre de una operación y los controles post cierre, sin perder de vista los aspectos financieros de su ejecución”.

Sobre este último punto, se trabajó con actores relevantes de los mercados de seguros, con representantes del sector bancario, con autoridades nacionales de aplicación y control afines, y con autoridades y técnicos del Ministerio de Minería de Chile, país de la región con lecciones aprendidas al respecto.

En forma simultánea se trabajó evaluando los distintos sistemas internacionales, analizando las fortalezas y debilidades de cada uno, y modelando financieramente los eventuales impactos de la aplicación de los sistemas en los proyectos de inversión.

“La finalidad es aportar una regulación que ofrezca variedad de instrumentos financieros que contemplen toda escala de proyectos, que promueva las mejores prácticas de gestión de cierres progresivos, y que no impacte con fondos comprometidos tempranamente para que al cabo de una operación haya que remediar daños no gestionados oportunamente” agregó Sánchez. El modelo de financiamiento no debe afectar el desenvolvimiento financiero del proyecto para asegurar que el cierre se haga adecuadamente.

El modelo de garantía que se requeriría en el marco de este anteproyecto sería por el monto total estimado para el plan de cierre y post-cierre, con un esquema de constitución gradual en relación al valor actual neto, de manera que el monto a constituir en cada año sea proporcional al grado de desarrollo del proyecto y, en consecuencia, al alcance de las actividades de cierre en cada momento. A lo que Sánchez resalta “las mejores prácticas implican el fondeo progresivo de los esfuerzos de gestión para prevenir daños acumulados al ambiente y para que el proyecto internalice la inversión social y ambiental que el cierre implica”.

También se continúa avanzando en la publicación de una “Guía de Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas”.

La elaboración del anteproyecto como de la guía también contó con la consulta de numerosas guías internacionales (ICMM, APEC, Banco Mundial, Gobierno de Western Australia, Gobierno de Queensland, Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, etc.), además del apoyo técnico del Instituto Canadiense Internacional de Recursos y Desarrollo (CIRDI, por sus siglas en inglés).