Cerro Amarillo, flojo de papeles: Se ha puesto en discusión en la legislatura de Mendoza el proyecto minero Cerro Amarillo que busca desarrollar una mina de cobre, el mismo según informa el gobierno cumpliría con la Ley 7722, como si esta fuera la única Ley ambiental en la provincia. A las claras sale a la luz que en el apuro innecesario de intentar imponer la actividad minera están dispuestos a pagar cualquier costo, la declaración de impacto ambiental que presentaron, presenta grandes irregularidades ya que la duración de las mismas es de máximo 2 años y ésta que han llevado a la legislatura es la misma que fracasó en el 2014. Los cambios morfológicos y ambientales de la zona, el tipo de explotación propuesto y la posible modificación del medio ambiente, justifican que la misma sea nula, de nulidad absoluta, que impide su tratamiento legislativo, hasta tanto se realice una nueva. Y de hacerse valer la mayoría legislativa, va a ser un conflicto a resolver por el Poder Judicial.

as autoridades de la provincia promueven la megaminería, sin poner a funcionar Policía Ambiental Minera (P.A.M.) creada por la Ley 7.722, para que la misma pueda garantizar debidamente los recursos naturales de la provincias, teniendo especial énfasis en la tutela del recurso hídrico. Mendoza atraviesa la peor mega sequía de los últimos 50 años y este proyecto se encuentra emplazado en una zona donde existen reservas de agua que son importantes para nuestra provincia por la crisis extrema vinculada al recurso hídrico. Vemos con preocupación que todavía no existan certezas de convocar a profesionales y técnicos para que se expresen al respecto, esperamos que en el apuro no olviden la importancia del rol legislativo para transformarlo en una mera escribanía del Gobernador Suarez.

Desde el Partido Verde, tercera fuerza política de la provincia entendemos que este proyecto y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) tiene graves falencias en el procedimiento lo que hace dudar de la transparencia del proceso y como férreos defensores de los bienes comunes, en estas condiciones vamos a rechazar el proyecto minero Cerro Amarillo, haciendo responsable al Poder Ejecutivo por incompetencia en la preparación técnica y legal del proyecto presentado. La 7722 no se toca y es solo una de las Leyes ambientales, cumplir con la 7722 no exceptúa de cumplir con toda la normativa ambiental que existe en nuestra provincia y la nación. Por otro lado vemos con preocupación que a pesar de que hemos marcado con insistencia que los entes de control no sirven en Mendoza y que no estamos en condiciones de cuidar ni las ripieras que socavaron el material de los dos puentes caídos de la Ruta 40 y que siguen poniendo en peligro los que han quedado en pie.(...)