El intendente de Lamarque, Sergio Hernández, visitó el Bajo Santa Rosa y sostuvo “la empresa que explota la cantera bajó medio cerro y se produjeron daños irreparables en el área protegida�. Tras esto, desde la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se decidió “el cese inmediato de los trabajos en ejecución por razones precautorias y la suspensión de la resolución ambiental hasta tanto la empresa responsable de la explotación realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes�.

La controversia se desató la semana pasada, luego que vecinos denunciaran ante el Municipio el crecimiento de las tareas de la empresa YPF en el área protegida. Si bien los trabajos de extracción de arena en el lugar se encuentran suspendidas, desde el Municipio también se cuestionó la legitimidad del estudio de impacto ambiental que se presentó en provincia en el año 2016 y que ha permitido a YPF trabajar en el área.

Hernández relató que dos años atrás, Daniel Marin compró a la familia Berthe 8.000 hectáreas, donde esta la cantera. Para su explotación presentó un estudio de impacto ambiental. El año pasado Marín vendió la cantera que comenzó a identificarse como “Cimsa RN� (Compañía de Inversiones Mineras) empresa de servicios que trabaja para YPF. Pero para su explotación se utilizó el mismo estudio de impacto ambiental. El permiso le habilitaba a la empresa poder explotar la cantera hasta el 15 de marzo del 2018.

Hernández, remarcó que en ningún momento desde el área se realizaron inspecciones para poder frenar lo que finalmente terminó sucediendo. Ahora, desde tres las tres partes se planean realizar relevamientos. Desde el Municipio de Lamarque se convocará al reconocido paleontólogo, Leonardo Salgado, para evaluar el alcance del daño. Desde YPF se hará un relevamiento paleontológico. Mientras que desde provincia, a partir de la nota fechada en Viedma el pasado martes, se pide que la empresa “realice los relevamientos de campo y las evaluaciones técnicas pertinentes por intermedio de profesional idóneo, que permitan identificar los posibles impactos sobre el patrimonio cultural, elaborar un plan de actividades tendientes a su rescate y preservación de acuerdo a los términos de la ley Nº 3041�. La suspensión dictada por la provincia tendría un período mínimo de 30 días.

La controversia se desató la semana pasada, luego de que vecinos denunciaran el crecimiento de las tareas de la empresa.