La Corte Suprema de Panamá declaró este martes inconstitucional el contrato que renovó la concesión de explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria, la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

Por unanimidad, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406, aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

"Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406", declaró López Arias acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo. "Esto significa que la ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", agregó la magistrada al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.