El proyecto de “ley de bases” o ley ómnibus, que viene generando acalorados debates, introduce en la Ley Federal de Hidrocarburos una serie de reformas, que pueden resumirse en tres aspectos: libre disponibilidad de los hidrocarburos mediante la liberación del comercio internacional (exportaciones e importaciones); no intervención del Estado en la fijación de precios en ningún segmento de la cadena de valor (desde el pozo hasta el surtidor); y fomento del midstream, mediante la creación de autorizaciones y habilitaciones para transporte, procesamiento y almacenaje, con independencia de los permisos y concesiones del upstream.

Estos aspectos son bienvenidos para modernizar el sector y dinamizar imprescindibles inversiones. Ello con dos salvedades: falta la libre disponibilidad de las divisas producto de las exportaciones, aspecto macroeconómico indispensable, y la eliminación total de las retenciones (derechos de exportación), impuesto no coparticipable creado en 2002 y que perdura hasta nuestros días, distorsionando la relación entre los precios locales y los internacionales que se pretenden alinear.

Pero más allá de esos aspectos salientes positivos, la ley ómnibus trae otros elementos menos conocidos que podrían alterar el reparto de competencias Nación-provincias y la seguridad jurídica para los inversores.

La reforma constitucional de 1994 adopta un principio claro: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Sobre esta base años más tarde la ley 26.197, llamada “ley corta”, precisó las competencias Nación-provincias en materia de hidrocarburos: las provincias son las dueñas del recurso, pero el diseño de la política y la jurisdicción sobre ellos (facultad de regular las relaciones jurídicas) es nacional, por ser la explotación del petróleo y sus derivados una cuestión de política industrial y económica de significación para todo el país.

En el mismo sentido, la ley 27.007 que incorporó el capítulo de explotación no convencional (Vaca Muerta) a la ley 17.319, viabilizó importantes inversiones que permitieron el desarrollo de Vaca Muerta hasta la coyuntura actual, en que la producción del petróleo no convencional supera al convencional y estamos muy cerca de recuperar el ansiado autoabastecimiento.

El proyecto de ley ómnibus viene –quizás inadvertidamente- a alterar ese delicado equilibrio normativo que le dio previsibilidad al sector y alentó inversiones.