El gobierno nacional decidió arrojar a un cesto la llamada “Ley Galuccio” que reglaba el mercado de hidrocarburos no convencionales en la Argentina, y reemplazarla por otra que –supuestamente- contendrá la demanda de los principales gobernadores petroleros: Jorge Sapag (Neuquén), Martín Buzzi (Chubut), Francisco Pérez (Mendoza) y Alberto Weretilnek (Río Negro), los cuatro mandatarios opositores a las modificaciones de la Ley Nacional de Hidrocarburos, vigente desde 1967 cuando era presidente de facto el dictador Juan Carlos Onganía.

Básicamente, el proyecto del CEO de YPF Miguel Galuccio consistía en “emparejar” la oferta de negocios petroleros no convencionales de las provincias, pero además incluía una serie de políticas promocionales a costa de ganancias de las provincias.

Lo que los gobernadores no aceptaron fue lo siquiente: bajas en regalías, topes o anulación de impuestos provinciales, el control ambiental y quiénes hacían los pliegos formaron parte de la discusión, junto con el famoso “acarreo” (o carry, como se dice en el negocio), es decir; la participación de las provincias en las ganancias puras de los hidrocarburos.

Lo que era una buena idea inicial para tener una oferta atractiva y razonable para los inversores, incluía cláusulas inaceptables para cualquier gobernador por cuestiones más políticas que técnicas y económicas, pero indigeribles al fin. El resultado es que por ahora, los gobernadores han ganado la pelea, con el concurso de buena parte de la oposición incluyendo massistas, el PRO, parte de la izquierda y la UCR.

La razón por la que el gobierno nacional decidió reemplazar las modificaciones que quisieron imponer a las provincias por un texto mucho más corto, de menos artículos y acordado con los gobernadores es de números: no alcanzaron los votos en la Cámara de Diputados de la Nación para imponer el proyecto. Al oficialismo le habrían faltado por lo menos cuatro diputados nacionales.

En esto, fue clave el “pase” al massismo de Alberto Weretilnek, el gobernador de Río Negro que tiene dos legisladores nacionales alineados de los cinco que tiene la provincia. Esos dos diputados acompañan otras leyes del oficialismo, pero en la de hidrocarburos estaban decididos a votar en contra. Algo parecido pasó con los legisladores nacionales de Chubut: son de tres partidos distintos (FPV-FR-UCR) pero votaban en contra de esta ley. Distinto es el caso de Mendoza, donde por lo menos tres de los diez diputados nacionales estaban a favor de la ley Galuccio: Dante González, Anabel Fernández Sagasti, y Guillermo Carmona, y habría que sumar un cuarto: Alejandro Abraham probablemente la hubiese votado.

El espíritu de la Ley Galuccio no estaba mal en sí: tener una oferta única en todo el país y darles a las empresas cuanto fuese posible, ya que los costos de exploración y explotación del petróleo tipo “Vaca Muerta” son gigantes y el petróleo bajo la tierra no le sirve a nadie. Pero es en la letra chica de la ley donde empezaron los problemas, que derivaron en varias semanas de peleas públicas y privadas.

Para los gobernadores no fue gratis el enfrentamiento: a los cuatro “rebeldes” incluido Paco Pérez los dejaron afuera del desendeudamiento con Nación. Después, en un acto con Cristina los retaron en público. Martín Buzzi estuvo a punto de pararse e irse, pero no consiguió el acompañamiento de Paco Pérez, contenido a su vez por Daniel Scioli. El bonaerense le decía al mendocino “bancátela… no hagas nada…”.

A Buzzi la AFIP lo denunció por una cuenta en el exterior. Lo acusan de presunto lavado y evasión. Sapag está en la picota por presuntas negociaciones de la empresa Gas y Petróleo de Neuquén. A Weretilnek lo castigaron muy duro: la mayoría legislativa del FPV lo dejó sin ratificación legislativa de un contrato con Petrobras, lo que le significaba 100 millones de dólares extra para las arcas provinciales. El menos golpeado parece haber sido Paco Pérez. También fue el que menos críticas públicas hizo al proyecto.

Al ver que las cuentas legislativas no daban, el gobierno nacional comenzó a rebobinar. Hubo varias reuniones entre Jorge Sapag, Martín Buzzi, Oscar Parrilli y Julio De Vido. Y sobre todo el viernes, el “clima” cambió. Se sabe, por ejemplo, que Parrilli y De Vido estuvieron mucho más contenedores con los gobernadores, les aseguraron que la trama de los hidrocarburos tendría solución “política” y que las principales demandas de las provincias serían atendidas. Había varios puntos de desacuerdo entre las provincias y Nación. Y no todos eran de igual impacto en las cuatro rebeldes.

Por ejemplo, el “carry” es importante para Neuquén, pero lo es menos en Chubut donde las asociaciones son con inversión, y menos aún en Mendoza donde hasta ahora hay sólo una experiencia en asociaciones de este tipo. Lo que los gobernadores no quieren ceder es el piso “12 % más 3 %” de regalías (que el gobierno nacional quería bajar en este tipo de hidrocarburos), el derecho a cobrar un canon e impuestos provinciales, tener la potestad del pliego licitatorio, y el control ambiental que en el proyecto de Galuccio corría todo por parte de Nación.

La pelea ha sido desgastante y lleva varios meses. Los gobernadores consiguieron apoyo de varios legisladores y gobernadores de otras provincias, y han cerrado filas “hacia adentro” con gremios petroleros, por ejemplo. Pero la última palabra no está dicha. Hay que esperar el próximo borrador y ver si –como prometieron De Vido y Parrilli el viernes- se ajustan a lo que piden los cuatro mandatarios principales de la OFEPHI, ya que los otros seis –hay diez provincias petroleras- se habían alineado al proyecto oficial.

Por ahora, el round lo ganan las provincias y lo pierde Galuccio, quien no seguiría en el resto de la negociación. Lo que no está claro es si ello hará que los inversores se arrojen en palomita a poner millones de dólares en los “Vaca Muerta” del país. Ello depende de otros factores macroeconómicos, y es difícil que se resuelvan mientras el país esté en default. Lo mismo sucederá si el proyecto que se acuerde satisface a los gobernadores, pero resultase inútil a los intereses del país: sacar todo el petróleo que se pueda para equilibrar la balanza energética, que hoy cuesta una factura que este año estará cerca de los 18.500 millones de dólares.

Una cifra muy parecida, casi igual, a la que las provincias cedieron desde 2002 a la fecha por cobrar el crudo a un precio “de referencia” y no a su valor internacional. Por ahora, los gobernadores respiran tranquilos. Y hay que esperar el nuevo borrador que está elaborando Zanini y que llegaría a las provincias la semana que viene.