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Ya buscan c贸mo frenar la reactivaci贸n de San Jorge

05/09/2014 | ARGENTINA | Medio Ambiente | 498 lecturas | 253 Votos



OIKOS encabeza una movida para detener el avance del Gobierno hacia la reapertura de la miner铆a. Har谩 un planteo administrativo para que se realice una nueva Declaraci贸n de Impacto Ambiental para autorizar el proyecto y no solo una "actualizaci贸n" de la misma, como se plantea a nivel oficial. La Asamblea Popular del Agua se moviliza en respaldo a la ley 7722, que logr贸, entre otros, el apoyo del m煤sico Kevin Johansen.




La organizaci贸n ambientalista OIKOS ya prepara su contrataque por la decisi贸n del gobierno de avanzar con la miner铆a y, seg煤n adelant贸 su titular, Eduardo Sosa, la semana pr贸xima realizar谩 una serie de presentaciones administrativas para reformular el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo est谩 intentando aprobar el proyecto San Jorge, en Uspallata. Sosa anticip贸 que 鈥渁 mediados de la semana pr贸xima鈥 OIKOS acudir谩 ante el ministerio de Energ铆a, de Infraestructura y ante la Fiscal铆a de Estado, entro otros organismos competentes, para exigir que el procedimiento de Declaraci贸n de Impacto Ambiental (DIA) que el Gobierno enviar谩 a la Legislatura para ratificar la continuidad de San Jorge sea estudiado desde cero y no, como se est谩 trabajando a nivel oficial, como una continuidad del proyecto que el propio P茅rez sepult贸 en 2011.

鈥淟a decisi贸n que se tom贸 est谩 fundamentada en la legislaci贸n vigente. Si presentan el proyecto viejo como nuevo estar谩n violando, entre otras, la Ley provincial 7722 y la 5961, que es la Ley de Preservaci贸n del Ambiente. Esto que est谩n haciendo no se puede tomar como una actualizaci贸n del proyecto anterior, tiene que ser un procedimiento nuevo porque el proyecto es nuevo鈥, explic贸 Sosa a MDZ.

Desde hace unos d铆as que P茅rez blanque贸 su intenci贸n de avanzar con el debate de la miner铆a en Mendoza y el proyecto San Jorge es la punta de lanza de esa avanzada. Seg煤n ya cont贸 MDZ, anticipan que a m谩s tardar en octubre ingresar谩 a la Legislatura la nueva actualizaci贸n para explotar San Jorge y que a nivel oficial se usar谩 el debate de esta Declaraci贸n de Impacto Ambiental que se discutir谩 all铆, para sondear el clima pol铆tico y social en torno a la habilitaci贸n, aunque sea parcial, de cierta actividad minera.

La instalaci贸n de ese debate no ser谩 sencilla y ya gener贸 los primeros movimientos de sectores ambientalistas. Por un lado la Asamblea Popular del Agua inici贸 una campa帽a en defensa de la ley 7722 que incluy贸, este 煤ltimo fin de semana, la convocatoria a personalidades del espect谩culo como Kevin Johansen y Liniers, quienes actuaron en Mendoza.

Pero tambi茅n este combativo colectivo apunta a frenar la reactivaci贸n de San Jorge. 鈥淩echazamos que se plantee una actualizaci贸n de una Declaraci贸n de Impacto Ambiental que ya fue rechazada hace tres a帽os, adem谩s. Lo que tendr铆a que hacerse es una DIA nueva. Ese es el procedimiento. Porque al proyecto hay que verlo en su totalidad, no es un rompecabezas al que le pod茅s poner o sacar una parte. No se puede decir que lo 煤nico que hay que evaluar es el ferrocarril de 22 kil贸metros鈥, asegur贸 Gabriel Liceaga, uno de los representantes de esa agrupaci贸n.

Sosa junt贸 ayer a sus abogados para comenzar a delinear una estrategia y se baraj贸 la alternativa de reflotar, para frenar a San Jorge, la medida cautelar que ya fue presentada hace a帽os en la Justicia mendocina y que fuera rechazada por una C谩mara y luego apelada por la organizaci贸n que, hace una d茅cada, logr贸 demorar, por caso, la explotaci贸n petrol铆fera en la laguna Llancanelo.鈥淟a C谩mara decidi贸 posponer el fallo hasta que la Suprema Corte decidiera resolver la Constitucionalidad de la ley 7722 (la conocida ley antiminera). Si la 7722 se declarara inconstitucional, entonces el amparo cobra vigencia鈥, analiz贸 Sosa la situaci贸n.

Ante este panorama, OIKOS decidi贸 otro camino. San Jorge est谩 ahora en manos de empresarios mineros de origen ruso, Aterra Capital y Solway Investiment , luego de que en marzo le compraran a los canadienses de Coro Mining los derechos para extraer cobre de la roca del cerro ubicado en la estancia El Yalguaraz. Pero, a diferencia del proyecto que el actual gobernador vet贸 en la campa帽a electoral de hace tres a帽os, el proceso de lixiviaci贸n (el tratamiento para extraer oro y cobre) se har铆an en San Juan donde este tipo de procedimientos no est谩n prohibidos por ley como aqu铆.

Lo que la provincia debe autorizar o rechazar, v铆a una adaptaci贸n de la DIA original, es la construcci贸n de una v铆a f茅rrea de 22 kil贸metros entre el cerro y Calingasta (la ciudad sanjuanina m谩s cerca del l铆mite en esa zona) para desarrollar la explotaci贸n. Para el propio gobierno 茅sta 鈥渁daptaci贸n鈥 es un mero tr谩mite: 鈥淓l proyecto San Jorge est谩 aprobado por casi todo el gobierno鈥, se ufanaba un alto funcionario hace unos d铆as.

Pero OIKOS buscar谩 parar ese entusiasmo. 鈥淗ay un proyecto nuevo y hay que someterlo a un procedimiento nuevo. Ac谩 se produce un problema legal: si este proyecto va a la Legislatura y se lo ratifica, se va plantear un dilema legal. Tiene que evaluarse una nueva DIA ya que de otra manera tendr谩 un vicio grosero desde el punto de vista legal. Y eso seguro va a tener una respuesta judicial. Si lo hacen como est谩 planteado, le van a dejar en bandeja la posibilidad a cualquiera de plantear una acci贸n de inconstitucionalidad鈥, alert贸 el abogado ambientalista.

Fuente: MDZ

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