De este modo, el oficialismo cumplió con su objetivo de convertir en ley esta iniciativa, que establece condiciones para las nuevas licitaciones en materia de hidrocarburos convencionales, no convencionales y en las zonas denominadas off-shore.

El proyecto fija nuevos plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina. Además, establece que los emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal de 20% siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será de 60%.

En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de Hidrocarburos. Por otro lado, el proyecto otorga potestad a las provincias para prorrogar por 10 años a aquellas firmas que cumplan con el plan estratégico de inversiones, las cuales deberán pagar regalías por un 12%.

Además, dispone que en cada extensión otorgada las provincias podrán incrementar en un 3% las regalías, con un tope de 18%. También se fija un plazo de seis meses una vez sancionada la nueva ley para elaborar un “pliego modelo” a ser aplicado en futuras licitaciones en todas las jurisdicciones.

La iniciativa también acorta los plazos de los permisos con el objetivo de incentivar las inversiones en la etapa de exploración, las cuales no podrán ser inferiores a 250 millones de dólares.

El debate sobre la reforma de la ley de hidrocarburos fue abierto por el presidente de la comisión de Energía, Mario Metaza, quien aseguró que este proyecto “no es para beneficio de un Gobierno sino de un país”, porque contempla nuevas normas para “atraer las inversiones necesarias” en busca de lograr en el futuro el “autoabastecimiento energético” necesario para apuntalar el crecimiento.

Al hablar como miembro informante en el debate de la reforma de la ley de Hidrocarburos, Metaza rechazó que esta iniciativa pueda “afectar las autonomías de las provincias petroleras” y dijo por el contrario “han consensuado el proyecto con el gobierno porque mantiene su facultad para administrar sus recursos”.

En tanto, su par de bancada, el chubutense Juan País aseguró que este proyecto acordado entre la Nación y las provincias “se ajusta a la Constitución” y “respeta las atribuciones de los estados provinciales”, al rechazar los cuestionamientos de la oposición.

Desde la oposición, Julio Cobos planteó que esta ley “no soluciona el problema del déficit energético”, al justificar su rechazo al despacho de mayoría que promueve el gobierno nacional para promover el desarrollo del sector energético.

Cobos dijo que esta iniciativa oficial “sólo contempla la ampliación de los plazos a 45 años, limita las regalías y los impuestos que son una facultad de las provincias”. A su vez, otro de los candidatos a presidente de Unen, Hermes Binner, dijo que el país necesita tener “autoabastecimiento energético” para promover su crecimiento y señaló que esta ley “debería ser objeto de consenso”.

En tanto, el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, había adelantado que votaría a favor del proyecto, porque establece un marco legal para tener “esas inversiones necesarias” tendiente a “tener el abastecimiento y la soberanía energética”.

Por su parte, el presidente de la bancada del PRO, Federico Pinedo, dijo que “es necesario realizar inversiones” en los emprendimientos hidrocarburíferos para evitar la importación de energía, pero cuestionó los beneficios que se le otorgarán a los nuevos concesionarios.

Desde el massismo, el sindicalista petrolero Roberto Alberti dijo que este proyecto beneficia “exclusivamente a YPF” y señaló que esta iniciativa afecta “la potestad de las provincias”.

A su vez, la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alicia Comelli, anticipó que iba a abstenerse, porque “no se incorporaron” modificaciones claves a las iniciativas y cuestionó que “se hayan establecido regalías fijas” en el proyecto.