El proyecto de ley que ahora impulsa Betelú considera que el denominado Plan de Cierres de Minas es un instrumento de gestión ambiental conformado por acciones técnicas y legales, efectuadas por los titulares mineros, destinado a establecer las medidas que se deben adoptar a fin de rehabilitar el área utilizada o perturbada por la actividad minera asegurando un ecosistema saludable. Refirió que el Plan de Cierre de Minas está destinado a adoptar las medidas necesarias antes, durante y después de la finalización de operaciones, con la finalidad de “eliminar, mitigar y controlar los efectos adversos al área utilizada o perturbada por la actividad minera, para que ésta alcance características de ecosistema compatible con un ambiente saludable, adecuado para el desarrollo biológico y la preservación paisajista”.

En este sentido, destacó que el Plan deberá describir las medidas de rehabilitación, su costo, la oportunidad y los métodos de control y verificación para las etapas de operación, cierre final y post cierre, como también deberá indicar el monto y plan de constitución de garantías ambientales exigibles.

Betelú recordó que en la ciudad de san Antonio Oeste, en una superficie de dos hectáreas, la empresa Geotécnica SA puso en funcionamiento una planta de fundición de minerales concentrados de plomo y zinc provenientes de la Mina Gonzalito para la obtención de lingotes.

La producción de lingotes se inició aproximadamente en el año 1963 y se discontinuó en el año 1979. “La explotación produjo en ese período de funcionamiento residuos sólidos (ganga mineral) que fueron dispuestos en sectores cercanos a la ciudad, sobre terreno natural a cielo abierto y muy cercano a la Bahía de San Antonio Oeste”.

Mencionó que por los valores de sus lixiviados corresponden describirlos como residuos peligrosos, en cuanto superan el valor límite aceptado para suelos destinados a urbanización de acuerdo a la ley Nacional Nº 24051.

“Los costos económicos de la remediación de este pasivo fueron estimados en 4.000.000 millones de dólares y los daños ambientales no han sido calculados, mucho menos los daños a la salud de la población, determinados por el Ministerio de Salud de la Nación”, remarcó el legislador.

Agregó: “Los graves efectos al ambiente y a la salud de la población, causados por la no implementación de acciones anticipadas, que cuenten con los recursos económicos necesarios para ser llevadas adelante, provoca daños irremediables, un ejemplo es el de la pila de metales pesados depositados en la Ría de San Antonio Oeste, sin embargo abundan en nuestra provincia secuelas de una actividad extractiva como la minería que no considera necesario recomponer los sitios de donde se extraen los minerales”.

Concluyó que es necesario que la provincia de Río Negro cuente con una reglamentación exhaustiva en relación al tema, regulando todo lo relativo al Plan de Cierre de Minas y la constitución de las garantías ambientales, en concordancia con la legislación ambiental nacional.