Pero la provincia de Jujuy es el único distrito del país que no quiere respetarla, ni proteger los glaciares, que son el seguro de vida en el futuro para gran parte de la población.

Entre sus principales puntos dispone la elaboración de un inventario nacional de glaciares; establece una serie de actividades prohibidas (entre ellas la minería) en el ámbito de afectación de los mismos, como así también la obligación de realizar Evaluaciones de Impactos Ambiental para evitar el daño futuro a glaciares y auditorías ambientales a los proyectos en ejecución. Nada de esto se hizo en la provincia. Lejos de ello, por una medida judicial, el Estado provincial, priorizando negocios mineros, pidió que se suspenda la aplicación de la misma.

El recurso judicial, está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todavía no se emitió un fallo y la provincia tendría vía libre para otorgar pedimentos mineros. En julio del 2010, en pleno proceso de discusión de la Ley Nacional, la provincia en una maratónica sesión, aprobó una ley donde resalta que “se debate en el Congreso Nacional una serie de proyectos de ley sobre presupuestos mínimos para la protección y del Ambiente periglacial. La característica uniforme de dichos proyectos es la prohibición de toda actividad en los glaciares y ambientes periglaciales, violando la jurisdicción provincia consagrado en el Artículo 41 de la Constitución Nacional.

La preocupación del gobierno de Eduardo Fellner, no fue la violación de la jurisdicción de provincial, con una ley nacional, sino la posibilidad de que no pueda generar negocios mineros en determinados lugares de la provincia.

Ante esta situación, la Defensoría Nacional, cuyo titular es el Contador Carlos Haquim, mediante resolución Nº 24/2014, dictada el 10 de septiembre de 2014 resolvió exhortar al Gobierno de la provincia de Jujuy para que se abstenga de habilitar emprendimientos mineros y suspenda los que se encuentran en ejecución, en aquellas zonas que pudieran estar comprendidas por glaciares o el ambiente peri glacial, hasta tanto se culmine el inventario sobre los mismos y se resuelva la causa judicial en la Nación.

“En realidad lo que hoy existe es una ley nacional de protección de glaciares y una ley provincial que es más permisiva en cuanto a la explotación, que la nacional. Las zonas que prevé la ley nacional es más restrictiva a la explotación minera, son menores que la que permite la ley provincial”, destacó Haquim en diálogo con Radio 2, explicando las razones de la Resolución emitida por el organismo que preside.

“Es muy difícil la delimitación de lo que se puede considerar glaciares o peri glacial pero notamos que hay una disfunción en el sentido, que se tendrían que haber terminado los inventarios, o sea los relevamientos de la zonas y la determinación precisa de cuales son glaciares y cuáles no. Dentro de ellos, habría lugares donde no se podrían autorizar las explotaciones mineras y el resto tranquilamente se pueden dar los pedimentos. Esto no ha ocurrido, no se ha terminado de hacer los inventarios”, recalcó en ese sentido.

Pero lo que más puede afectar a la protección de los glaciares es una medida judicial promovida desde el mismo estado provincia. “Nos encontramos con que la Cámara Minera de Jujuy hizo una presentación judicial por la cual se pide la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley nacional y cita como terceros al estado provincial. ¿Qué hace, el Estado provincial?, se presenta como parte en el juicio y además adhiere a los términos de inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Glaciares. Se presenta en el Juzgado Federal N° 2 y allí, se saca una cautelar que suspende la aplicación de la ley de glaciares en Jujuy con lo cual queda abierto al otorgamiento de cualquier tipo de pedimento y en cualquier zona”.

Aclara Haquim, que “el Estado provincial al actuar en una causa que es recurrida por la Secretaría de Minería de la Nación y por el estado nacional, automáticamente la causa se eleva a la Suprema Corte de Justicia al actuar un estado provincial. Hoy está la causa en la Corte, sin resolución y por lo tanto está suspendida la aplicación de la ley nacional de glaciares”.

Según el defensor de la Nación, “Esto no significa – como dijo algún funcionario- que se pretenda parar la actividad minera en Jujuy. Al contrario, siempre estuve a favor del tema productivo de la provincia y menos la Defensoría Nacional va a trabajar en ese sentido”.

Lo que nos preocupa es que se hagan pedimentos mineros, que se hagan explotaciones mineras en zonas de glaciares, porque evidentemente habrá afectaciones al medio ambiente, que posiblemente no lo veamos nosotros; sí futuras generaciones. Las consecuencias pueden ser muy serias de afectación y cuando digo medio ambiente, estoy hablando de cuencas acuíferas, de la modificación del clima, porque los glaciares no son masas, hielos que están a la vista o que son los hielos en las altas cumbres, sino son acumulaciones de agua bajo la roca”.

Respecto a la resolución, dijo que no recibió respuesta oficial, “solamente algunas cuestiones telefónicas a partir de algún funcionario que se molestó mucho. Pero es la función que tengo que cumplir; creo que debemos preservar el ambiente en nuestra provincia y más allá del enojo, creo que la situación es absolutamente razonable en el planteo que hace la defensoría nacional”.