El pedido fue realizado por empresas mineras que buscan desarrollar la actividad en la provincia y que vieron impedidos sus propósitos a causa de esa ley. La norma, que prohíbe la utilización cianuro y otras sustancias tóxicas en la minería metalífera a cielo abierto, fue sancionada durante el gobierno del radical, ahora diputado nacional, Julio Cobos. Es por eso que, dos años después del pedido de inconstitucionalidad, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) preparan un documento para presentarle al gobernador electo, Alfredo Cornejo. De acuerdo a lo que adelantó, Fabiana Villafañez de autoconvocados de San Carlos, los asambleístas quieren reiterar su postura frente a la nueva gestión, ya que consideran que hay diferentes visiones en el interior del radicalismo en torno a este tema.

“Queremos reiterar el pedido y recordar antecedentes, vamos a fijar posturas sabiendo que la UCR tiene posturas ambivalentes�, indicó. Además manifestó su preocupación porque durante la campaña electoral todos los candidatos se mostraron a favor de la actividad minera. “Cornejo ha hecho público que tienen intención de avanzar con la actividad sin reparos�, añadió. Del otro lado de la vereda están los empresarios mineros, aquellos que desde hace ocho años esperan que desaparezca la 7.722 y que también ejercerán presión sobre Cornejo.

El mandatario electo deberá fijar una postura clara en torno a este tema, que genera tanta rispideces y que tiene un alto impacto social que moviliza a toda la población. Un ejemplo reciente fue el insistente reclamo que se dio el año pasado en torno al proyecto minero Hierro Indio, que terminó con su baja en la Legislatura, aunque meses después el Ejecutivo logró el desarchivo.

“Esperamos que Cornejo sea un hombre inteligente, entendemos que es un hombre pragmático, puede darle una actividad lícita legal a la provincia�, manifestó el presidente Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Mario Chavert. Los mineros insisten y están desesperados en que se reanude la actividad. Es por eso que se muestran confiados en el fallo que podría realizar el plenario de la Corte. La decisión final sobre este tema recayó sobre el máximo tribunal, que enfrenta una difícil tarea con esa decisión, ya que es un tema con el que todos se pasan la pelota y nadie quiere hacerse cargo de las consecuencias.

“La política dejó que la Corte se haga cargo de ese tema, a la Corte no le gusta realizar definiciones de este tipo, pero si falla a derecho tiene que ser por la inconstitucionalidad. Confiamos en que así va a hacer�, añadió Chavert. Además adelantó que en poco tiempo buscarán reunirse con Cornejo para plantearle de los beneficios económicos para la provincia que puede traer la actividad. Por su parte, el senador provincial de la UCR Juan Carlos Jaliff, defendió la constitucionalidad de la 7.722, aprobada y manifestó respaldo a los proyectos que se enmarquen dentro de la normativa vigente.

AUDIENCIA PÚBLICA

Si bien la audiencia no es vinculante, se transforma en una instancia que les permitirá escuchar la postura de cada una de las partes, tanto de quienes piden la inconstitucionalidad de la norma como la de las organizaciones ambientalistas que defienden su aplicación plena.

El último intento de avance minero que se dio en la provincia fue el del proyecto “Hierro Indio� (Malargüe), que fue rechazado en la Legislatura, tras el revuelo social que generó en la provincia, especialmente en los departamentos del sur. Mientras tanto el debate también podría avivarse con el proyecto Cerro Amarillo (Malargüe), ya que en poco tiempo se conocerán los resultados del relevamiento de glaciares de la cuenca del Río Grande y se sabrá si la empresa Meryllon puede dar inicio a la exploración.