Los gobernadores, oficialistas ellos, aprovecharon la presencia del candidato a presidente por el oficialismo, Daniel Scioli, para comprometerlo detrás del objetivo minero. Y Scioli respondió en sintonía, tal como pretendían los caciques provinciales.

Fue, más que nada y bien claro, un acto de campaña en el que el bonaerense desplegó parte de su discurso económico, basado en afirmaciones que apuntan a la previsibilidad, a la seguridad jurídica y a los premios para aquellos empresarios comprometidos e interesados en la inversión en el país. El encuentro fue profusamente difundido.

Presidido por el sanjuanino José Luis Gioja, la reunión sirvió además para que funcionarios del gobierno nacional, como Julio de Vido, afirmaran que el potencial minero en la Argentina es por poco infinito y que es necesario seguir avanzando en la dirección que dice el Ejecutivo nacional ha tomado para sacarle el mayor jugo a las divisas que dejaría la minería marchando a la par del desarrollo sustentable y respeto al medio ambiente.

Pero las cámaras mineras del país no parecieron quedar demasiado conformes. Mejor dicho, no acompañaron el entusiasmo y el júbilo que supuestamente mostraron los funcionarios de la nación y los gobernadores con la marcha promisoria del sector.

En un documento que tuvo poca trascendencia pública, los mineros advirtieron que el país no cuenta con estadísticas actualizadas sobre la actividad y que todo lo que se difunde, en realidad, se basa en un 60 por ciento de las exportaciones mineras de proyectos anteriores al 2001. Fue la primera aclaración de un documento breve, pero contundente, en el que los empresarios mineros dicen están preocupados y con nada de ganas de seguir escuchando promesas basadas en diagnósticos falsas.

Allí reclamaron, además, un política de estado para la minería. Si así fuera, dijeron en el papel, se triplicarían las exportaciones y se generarían más beneficios en divisas para el país, aseguraron, que los que ingresan por la Pampa Húmeda.

Se quejaron, también, que en las provincias de Mendoza, Chubut, San Luis, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del Fuego se viola la Constitución al discriminarse la minería metalífera y dijeron que si el gobierno tuviese programas de esclarecimiento claros, se despejarían las dudas que existen en la población sobre la explotación minera.

Dejaron en claro, así también, que las retenciones no existen en los países mineros y que por eso en la Argentina se restringió la inversión, y se paralizaron muchos proyectos. Uno sólo de esos proyectos hoy inactivos, sostuvieron, tributaría por el impuesto a las ganancias más que lo que el país recauda por las retenciones.

Por supuesto que los mineros también sumaron las conocidas críticas a la política económica y cambiaria que impera en el país, a la inflación, al cepo, a la persistencia suba de impuestos en la provincia y en el país y al aumento de los costos internos.

“Queremos crecer armoniosamente”, afirma el documento que empieza con una cita del papa Francisco: “Existen carencias elementales en un país con tanta riqueza mineral dada”, haciendo hincapié en que se termina siendo cómplice de la pobreza al no desarrollarse plenamente el sector.