El desarrollo de Vaca Muerta tendrá un gran impacto económico para la región que irá acompañado –según coinciden funcionarios y especialistas– de efectos no deseados sobre la infraestructura, el medioambiente, los servicios esenciales, el mercado inmobiliario, el costo de vida y el entramado social de la provincia.

En ese contexto, ¿cómo debe actuar la industria petrolera, principal beneficiaria del negocio y responsable de un nivel de actividad inédito?

Para el gobierno provincial, la intensidad de movimiento que generará Vaca Muerta requiere de un cambio de paradigma en la relación de las compañías con la comunidad y con el Estado.

En marzo del año pasado, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria, que nunca fue tratado por la resistencia que generó en las principales jugadoras del mercado.

Ante la consulta de este diario, el diputado Felipe Sapag (MPN) indicó que la ley “no está frenada; las circunstancias electorales, igual que otras iniciativas, como la ley de Economía Social y la nueva ley de Medio Ambiente para no convencionales, se irán tratando después de las elecciones, para no contaminar en la discusión temas tan sensibles y trascendentes. Alguna podrá ser este año, otras seguro pasaran al año que viene�.

El legislador explicó que si bien no todas las empresas se mostraron en contra, varias operadoras se oponen a “la obligatoriedad de hacer las actividades de RSE y al valor compartido�, al cual aceptan “si se lo dejan a su albedrío�.

El concepto de valor compartido consiste en la creación de un ámbito de diálogo donde se detecten las necesidades de la comunidad impactada por la presencia de la empresa y se consensuen las obras o programas que se debe financiar a modo de compensación.

“Podría haber un mecanismo de consenso entre Gobierno y empresas para coordinar el tipo de acciones comunitarias y ambientales, así como su control, difusión y registración, de manera que ellas se sientan más libres, pero la sociedad tenga garantizado un buen nivel de cooperación e involucramiento de las firmas en las problemáticas regionales�, explicó Sapag.
 
CAMBIO PROFUNDO

Según Javier Van Houtte, uno de los voceros del Grupo de Diálogo Neuquino, la norma innova en la incorporación del concepto de valor compartido, pero “por ahora, esto solo figura en el título de la ley, no en el espíritu ni en la acción�.

Explicó que las petroleras se oponen al proyecto al considerarlo como “un impuesto más� y muestran sus “reportes de sustentabilidad� para demostrar su compromiso con la sociedad. Es decir, las compañías consideran que su responsabilidad está saldada con pintar escuelas o financiar talleres de tejido, pero se oponen a rendir cuentas claras. 

“El gobierno tampoco termina de entender el tema. Como las empresas se niegan a todo, la Provincia (y la Nación) lo hacen obligatorio. En ese momento deja de ser RSE y pasa efectivamente a ser un impuesto más, confirmando las sospechas de las empresas�, señaló Van Houtte.

La desconfianza reina: el Estado considera que las petroleras pueden dibujar a su antojo los números que destina a acciones de RSE, y las empresas creen que los fondos que aportan se pierden los laberintos gubernamentales y no llegan a la resolución de los problemas de la comunidad con la que convive.

“Creo que habría que innovar en los mecanismos de asignación de fondos y en convencer a las empresas de hacerse cargo de demandas sociales. No por vaciar al Estado, sino por reforzar nuevas formas de participación y representación que dé mayor contención y legitimación a una sociedad atravesada muy fuertemente por una gran crisis de credibilidad�, indicó el integrante del Grupo de Diálogo Neuquino.
 
RENDIR CUENTAS
 
La ley contempla a todas las compañías que facturen más de 100 millones de pesos año y plantea la presentación de un plan anual de Responsabilidad Social, Ambiental y Comunitaria con carácter de declaración jurada donde se detalle las acciones a ejecutar y los recursos que se destinarán.

Debe ser aprobado por la autoridad de aplicación. Además, se establece que la empresa deberá presentar un informe anual sobre el cumplimiento del plan, que deberá ser auditado. Esa es una de las grandes quejas que presentaron las operadoras, que rechazan el control del gobierno sobre sus cuentas.

Una vez que el informe sea aprobado por la Provincia, las empresas obtendrán un “certificado neuquino de RSAC� que les permitirá acceder al acompañamiento de la Provincia en la búsqueda de inversiones y en el acceso a créditos del sector público y del privado, entre otros beneficios de poco interés para las grandes petroleras.

La idea del Ejecutivo es reflotar el proyecto una vez que se definan las elecciones presidenciales y tratarlo en la Legislatura con la convocatoria a todos los actores involucrados. La iniciativa no cae nada bien en las principales operadoras (C.N.).