Finalmente, fue pulgares abajo. As铆 se pronunci贸 la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al cabo de otra votaci贸n en plenario, a instancias de la Procuraci贸n, para decidir si finalmente se har铆a o no una audiencia p煤blica a fin de discutir la inconstitucionalidad de la ley 7.722. El no se impuso por 5 a 2 y sepult贸 toda chance de discutir abiertamente en un foro antes de que el m谩ximo tribunal emita sentencia definitiva. Fue la segunda votaci贸n por parte de los ministros en el 煤ltimo mes. Cabe recordar que en agosto, con el mismo prop贸sito, hab铆a ganado el rechazo a la audiencia, pero ajustadamente: 4 votos en contra y 3 a favor. Esta vez, el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que en primera instancia fue por el s铆, revirti贸 su postura e inclin贸 la balanza por el no.

En realidad, fue un cambio en la modalidad acerca de si los 3 votos que inicialmente cosech贸 el s铆 pod铆an imponerse, lo que cambi贸 el panorama. En tal sentido, s贸lo se mantuvieron en tal postura Mario Adaro y Omar Palermo, mientras que Nanclares, a favor de realizar la audiencia p煤blica pero tambi茅n de decidir por mayor铆a simple, termin贸 por sumarse a la posici贸n de sus pares Alejandro P茅rez Hualde, Herman Salvini, Julio G贸mez y Pedro Llorente.

Respecto a la consecuci贸n del proceso, P茅rez Hualde remarc贸 que 鈥渘o se trataba de discutir si el Poder Ejecutivo y el Legislativo aseguraron la suficiente participaci贸n ciudadana para el tratamiento de la ley 7.722. Ahora s铆 podemos definir si la norma es o no inconstitucional鈥�.

Ahora, quien debe pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley es el procurador general de la Corte, Rodolfo Gonz谩lez, quien hace una semana hab铆a dado lugar a un pedido de reposici贸n por parte de la Fiscal铆a de Estado para que se rediscutiera la posibilidad de hacer la audiencia p煤blica. Luego de los 8 d铆as h谩biles de plazo para que Gonz谩lez se expida, ser谩 el turno de que cada sala haga lo propio, para lo cual los ministros tendr谩n no menos de una semana.

 En general, el t茅rmino para una sentencia definitiva es de 60 d铆as h谩biles pero, al decir de P茅rez Hualde ,鈥渓a idea es que luego de ocho a帽os de espera la resoluci贸n est茅 mucho antes鈥�. Es que la causa, ahora unificada, contra la 7.722, hab铆a comenzado en el a帽o 2007 con 12 demandas particulares, una por cada una de las mineras que recurrieron a la Justicia para que se la declarara inconstitucional.

LEJOS DE LA EXPLOTACI脫N

Ya en la recta final al fallo de la Corte por el pedido de inconstitucionalidad de la Ley 7.722, el abogado experto en miner铆a, Ra煤l Rodr铆guez, describi贸 el escenario que le espera a las empresas mineras en caso de recibir una sentencia favorable. 鈥淟a declaraci贸n de inconstitucionalidad no les garantizar铆a a las compa帽铆as mineras el acceso a la explotaci贸n de los recursos de la provincia鈥�, se帽al贸 el experto.

鈥淎un sin la Ley 7.722 en juego, las mineras tendr铆an un largo camino por recorrer antes de iniciar la explotaci贸n. Tendr铆an que cumplir con todos los c贸digos ambientales y someterse a consulta p煤blica y audiencia p煤blica. Por eso es un error pensar que esta causa lo define todo. Por el contrario, es un proceso que reci茅n inicia鈥�, coment贸 el especialista.

Otro punto que merece aclaraci贸n es el alcance del fallo de la Corte. 鈥淟a sentencia se aplica solo a las partes involucradas. Por tanto, una hipot茅tica declaraci贸n de inconstitucionalidad de la Ley 7.722 solo afectar铆a a las 10 empresas involucradas en este caso. Las compa帽铆as que vengan en el futuro y se encuentren en conflicto con la Ley, deber谩n hacer un nuevo pedido ante la Corte. Claro que el antecedente directo de estas 10 empresas servir谩 para que los fallos se produzcan en un tiempo mucho menor鈥�, observ贸 Rodr铆guez.

鈥淭ambi茅n podr铆an pedir la inconstitucionalidad algunas empresas que ya intentan operar en Mendoza, como Hierro Indio y Meryllion Resources con Cerro Amarillo鈥�, agreg贸 el abogado. 鈥淣o habr铆a que descartar, adem谩s, una modificaci贸n de la ley antiminera, aunque eso ya no depende de la Suprema Corte鈥�, concluy贸.