En la práctica, la iniciativa prevé que los pozos poco productivos -que aporten menos de 5 metros cúbicos diarios de crudo, según el texto original- que hoy son operados por petroleras privadas sean entregados a pequeñas y medianas empresas de servicios. La industria privada se opone de plano porque considera que la medida vulnera derechos adquiridos en su carácter de concesionarios de áreas hidrocarburíferas.

El proyecto de ley, que oficialmente se llama “Recupero de pozos de baja o nula productividad”, dice en su artículo 1 que su objetivo es el de “optimizar los recursos, favorecer el desarrollo integral del sector hidrocarburífero promoviendo el desarrollo industrial de las provincias y de la Nación, para alcanzar el pleno empleo y el autoabastecimiento”. Dentro de la definición, incluye a los pozos que hayan estado inactivos durante dos años o “produzcan hasta cinco metros cúbicos por día (5m3 /día) de promedio mensual de petróleo, o tratándose de gas, menos de tres mil metros cúbicos por día (3.000 m 3 /día) de promedio mensual”.

El artículo 4 es el que despierta más resquemores entre los empresarios, porque propone que se excluya “de los beneficios a las empresas que posean concesiones de explotación u otros contratos asociativos vinculados a permisos y concesiones otorgados por los estados provinciales o el estado nacional, como así también sus controlantes o controladas en forma directa o indirecta”.

Oscar Vicente, titular de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (Ceph), explicó este martes la posición de la entidad. La Ceph –integrada por firmas como YPF, PAE, Chevron, Petrobras, Pluspetrol, Total, Sinopec y Wintershall- se había reunido antes para discutir una posición común frente a lo que consideran una avanzada: varios de los principales yacimientos del país (por ejemplo, Chihuido de la Sierra Negra, en Neuquén, que está concesionado a YPF, y Cerro Dragón en Chubut, operado por PAE), cuentan con miles de pozos con una producción inferior a los 5 m3/día de petróleo. Si el proyecto de Ley se aprobara en recinto, su negocio se vería seriamente afectado.