A través de un decreto de necesidad y urgencia 1199, publicado el viernes pasado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional finalmente derogó el subsidio a la exportación por puertos patagónicos que recibían las empresas petroleras, de la pesca y otros insumos industriales.

La medida fue duramente cuestionada por el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, -quien había estado en la Casa Rosada el día anterior de conocerse el decreto, sin recibir advertencia alguna- y complica todavía más la economía de la actividad petrolera en la región del Golfo San Jorge, el principal polo petrolífero del país.

En la práctica, el beneficio sancionado por ley en 1983, luego suspendido y puesto otra vez en vigencia por Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2015, otorgaba un reembolso de entre un 8% y un 13% del precio de venta de los productos exportados según la locación del puerto en que se realice la operación.

Así, por ejemplo, las compañías que registraban una venta al exterior desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, podían solicitar al Estado un reembolso del 9% del valor de exportación. Para Río Gallegos, en Santa Cruz, ese porcentaje trepaba al 12% y para Ushuaia (Tierra del Fuego), al 13%. También estaban beneficiadas las provincias de Río Negro, con el puerto San Antonio Este (8%), y de Neuquén.

En un contexto signado por los precios bajos del petróleo –que la semana pasada comenzó su recuperación por el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la producción, pero sigue por debajo de los US$ 54- y en la antesala de la convergencia del ‘barril criollo’ con el precio internacional, esta medida no hace más que afectar la rentabilidad de la actividad de extracción de crudo en Chubut y en el norte de Santa Cruz.

Consultados por El Inversor Online, representantes de las máximas petroleras de esas provincias advirtieron que esta decisión no hará más que incidir negativamente en el nivel de inversiones en la región.

Los reembolsos significaban para el Ejecutivo alrededor de US$ 380 millones que estaban orientados al crecimiento de las economías regionales, el aumento de la producción patagónica y la federalización el comercio exterior.