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Aguas divididas por las represas en Santa Cruz

20/09/2017 | ARGENTINA | Actualidad | 229 lecturas | 15 Votos



La resoluci贸n conjunta de los ministerios de Energ铆a y Ambiente para avanzar con el proyecto hidroel茅ctrico gener贸 reacciones encontradas. Cuestionan la validez del proceso. Advierten por el impacto irreversible en el ambiente.




Para algunos, ya se hizo todo lo que hab铆a que hacer. Para otros, los vicios son evidentes. Los primeros dicen que los procedimientos previstos en la normativa vigente se cumplieron. Los segundos, que los pasos dados fueron pour la galerie. Aquellos esperan inversiones (se habla de unos u$s 4.500 millones). Estos, un fuerte impacto ambiental.

La resoluci贸n conjunta de los ministerios nacionales de Energ铆a y Ambiente, que aprob贸 las obras para los "aprovechamientos hidroel茅ctricos del r铆o Santa Cruz" (represas Presidente Dr. N茅stor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic), dispuso que se adopten las recomendaciones del informe de impacto ambiental aprobado por el Congreso tras la audiencia p煤blica de julio pasado, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, repasan Marcelo Tavarone y Julieta de Ruggiero, integrantes de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados.

"La Resoluci贸n Conjunta 3-E/2017 concluye este proceso que estaba pendiente de cumplimiento con el objeto de obtener el levantamiento de la medida cautelar y as铆 avanzar con la etapa de obras principales", enmarcan.

En su momento, ampl铆a H茅ctor Pozo Gowland, titular de la firma que lleva por nombre a su apellido, la Asociaci贸n Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia y la Fundaci贸n Banco de Bosques hab铆an promovido acciones contra el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz por la omisi贸n en la realizaci贸n de los estudios de impacto ambiental (EIA).

"En atenci贸n a la medida cautelar, el Estado nacional elabor贸 los estudios ambientales. (En cuanto a) la audiencia p煤blica, fue celebrada en el Congreso el 20 de julio del 2017. Tuvo 117 expositores inscriptos", agrega.

Forma y fondo

Cristian Fern谩ndez, asesor legal de la Coalici贸n R铆o Santa Cruz Sin Represas y parte del Estudio Sabsay Neimark Abogados, entiende que, con su resoluci贸n, "los ministerios de Energ铆a y Ambiente han decidido deso铆r lo expuesto en la audiencia p煤blica". All铆, dice, "la sociedad civil se pronunci贸 con robustos fundamentos mayoritariamente en contra de este proyecto". La Ley General del Ambiente establece que, si bien las objeciones planteadas durante la audiencia p煤blica no son vinculantes, el Estado tiene la obligaci贸n de publicar las cr铆ticas y brindar una respuesta fundada. "La participaci贸n ciudadana ha sido vaciada de contenido por las autoridades", contrasta.

El director Ejecutivo de Fundaci贸n Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andr茅s N谩poli, enfatiza que la resoluci贸n "de manera alguna implica dar la autorizaci贸n directa para continuar la obra, dado que es la Justicia quien tiene la palabra ahora y tendr谩 que decidir si considera que hay elementos suficientes para levantar la medida cautelar dictada por la Corte Suprema (que orden贸 detener la construcci贸n de las represas) o se debe seguir sosteniendo la misma".

Al cierre de esta edici贸n, la cuesti贸n estaba a estudio de los magistrados.

Pasos

"El Gobierno nacional ha dado un paso fundamental en el avance de las obras de este proyecto tan importante para la matriz energ茅tica argentina, el cual ya cuenta con financiamiento disponible y empresas contratistas tanto nacionales como chinas listas para comenzar a trabajar", dice Tavarone. "Las adaptaciones t茅cnicas realizadas al proyecto inicial (modificaci贸n en cantidad de turbinas y conexi贸n al Sistema Argentino de Interconexi贸n, SADI, principalmente) demuestran el enorme inter茅s por llevar adelante estas obras", agrega.

Para Pozo Gowland, con el dictado de la Resoluci贸n Conjunta 3-E/2017, m谩s la declaraci贸n de impacto ambiental de la autoridad ambiental provincial, "deber铆an tenerse por cumplidos todos los tr谩mites necesarios para continuar con las obras".

Fern谩ndez disiente. "El EIA fue concebido como un mero obst谩culo para avanzar con la obra, en lugar de ser considerado un an谩lisis integral de riesgos ambientales. Presenta numerosos vicios, inexactitudes y omisiones", denuncia.

No se evalu贸 el impacto ambiental del tendido el茅ctrico de alta tensi贸n en relaci贸n a las aves migratorias, el an谩lisis de alternativas de proyectos, la evaluaci贸n ambiental estrat茅gica prevista en la Ley de Glaciares, ni se completaron los relevamientos y campa帽as sobre la cuesti贸n biol贸gica, enumera.

Tampoco se analiz贸 el proceso de "sismicidad inducida", no se completaron las tareas de rescate arqueol贸gico, no se efectu贸 la consulta previa a las comunidades originarias ni se elaboraron proyecciones serias de precipitaciones y cambio clim谩tico, a帽ade. Y lo mismo sucede con el impacto en los glaciares que conforman el Campo de Hielo Patag贸nico Sur, hecho que encendi贸 el alerta en la comunidad glaciol贸gica internacional, abunda.

Desde FARN coinciden. "El proyecto para la construcci贸n de estas represas ha estado plagado de irregularidades desde el momento mismo de la licitaci贸n", dicen. En su explicaci贸n aparecen tres licitaciones, los nombres L谩zaro B谩ez y Crist贸bal L贸pez, Electroingenier铆a y la afectaci贸n irreversible del Glaciar Perito Moreno. Por eso se lleg贸 a la Corte Suprema, que hab铆a ordenado la paralizaci贸n de la obra y una revisi贸n integral del EIA, lo que inclu铆a la realizaci贸n de una audiencia p煤blica. "Si bien ambas cuestiones ya fueron cumplidas, el EIA desarrollado por la empresa EIBISA, dependiente del Ministerio de Energ铆a, es incompleto, inconsistente desde el punto de vista t茅cnico y est谩 hecho a medida para que se logre la aprobaci贸n del proyecto", acusa N谩poli. Horacio Franco, titular de la firma que lleva por nombre su apellido, se帽ala que quienes se opusieron al proyecto objetaron que la resoluci贸n conjunta invoque mayormente el testimonio brindado en la audiencia p煤blica por la quincena de participantes que apoyaron el proyecto, indicando que la mayor铆a de los participantes se pronunci贸 en contra.

"Una audiencia p煤blica no se gana ni se pierde por la cantidad de voces a favor o en contra del proyecto puesto a consideraci贸n. No hay votaci贸n ni debate, porque no es un acto de naturaleza asamblearia. Por eso, las audiencias p煤blicas no son ni podr铆an ser vinculantes. Su objetivo es otro: recabar opiniones que puedan ser tenidas en cuenta para enriquecer el acto administrativo que aprobar谩, desechar谩 o modificar谩 el proyecto en cuesti贸n", redondea. (...)

Fuente: El Cronista

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