El ministro de Energía, Javier Iguacel, enfrenta la próxima suba de tarifas -de luz y gas- con una meta definida: los aumentos no superarán el 25%. Con una depreciación del peso frente al dólar del 60%, deberá revisar los costos, ya que los precios energéticos están dolarizados.

Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, convocará a una licitación para la compra del gas, que es el insumo básico para las turbinas que generan electricidad. Cammesa venía pagando US$ 5,20 por millón de BTU (la unidad de medida de gas) para esa actividad, pero el ministerio de Energía quiere bajar ese costo.

En la licitación, el Gobierno espera que las empresas de gas le vendan a US$ 4 o menos. De esa forma, Iguacel estima que ahorrará más de un 20% en dólares en generación eléctrica.

Para el gas, el Gobierno considera que la "tarifa plana" puede ser una solución. Los clientes pagarían todo el año un monto similar. De esa forma, las distribuidoras obtendrían los mismos ingresos en verano (cuando el consumo es bajo) que en invierno (cuando la demanda es muy superior).

En las facturas de luz y gas, cerca del 40% del costo es el costo de generación. El otro 60% es para las empresas de distribución e impuestos. Esa parte de las facturas se ajusta por la inflación mayorista del último semestre.

Aunque la medida está en estudio, la licitación que planea Cammesa -en el intento de disminuir los costos de generación eléctrica- podría venir con una decisión polémica: los productores de gas que se presenten no podrán seguir cobrando un beneficio que hoy obtienen por lo extraído en Vaca Muerta o yacimientos no convencionales.

Hay una resolución oficial (llamada 46) que establece un precio estímulo para los que extraen gas en yacimientos no convencionales. Sobresalen los casos de Tecpetrol (en Fortín de Piedra, Neuquén) y CGC (en la cuenca Austral), que son las que mayor cantidad de gas "no convencional" extrajeron durante este año.

Para el gas no convencional, Cammesa les paga la diferencia entre el precio promedio del gas de todo el mercado y US$ 7,50 por millón de BTU, un valor de referencia que estableció el Poder Ejecutivo para atraer inversiones.

"Las empresas tendrán que elegir. O siguen cobrando ese precio de Vaca Muerta o participan en la licitación de Cammesa. No podrán hacer ambas cosas", explicó una fuente oficial. En las empresas quieren ver los pliegos de licitación antes de realizar comentarios.

La licitación por el gas para Cammesa apunta a bajar los importes actuales de generación eléctrica. En diciembre de 2017, el ministerio de Energía informó que el costo económico de generación era de US$ 74,8. Como el dólar estaba a $ 19,30, la cifra en pesos era de $ 1.440.

Si Cammesa siguiera considerando ese costo (de US$ 74,8), el nuevo costo económico rondaría los $ 2.100. Aparte del aumento por inflación, el costo de generación subiría un 45%. A eso habría que agregarle una eventual quita de subsidios. El Gobierno todavía subvenciona un 18% del costo de generación eléctrica.

Tal como anticipó Clarín, el Gobierno ya dejó de lado su meta de eliminar los subsidios para los servicios de luz y gas. Las subvenciones se estirarán, como mínimo, hasta 2020.

En las tarifas de gas, las distribuidoras le deben plata a las productoras. Es porque están cobrando tarifas en pesos (con un dólar calculado a $ 19,30), mientras que el precio del gas sigue estando dolarizado.

Allí se está creando una nueva deuda de las distribuidoras con las productoras de gas (las mayores son YPF, PAE, Total y Wintershall). Para subsanarla, el ministerio de Energía les propondrá a ambos que logren un acuerdo.

Como los distribuidoras no estarían en condiciones de cumplir con los contratos de este año, la propuesta del Gobierno sería que las productoras acepten cobrarles durante 2019 y 2020 por las deudas generadas.