Bajo el lema “no hay plata” el flamante gobierno ha decidido que aquella obra pública que no arrancó, no arranque. Y esa es una preocupación entre los empresarios de la energía. Es que entre las que están en gateras es la reversión del gasoducto Norte, ya licitada con una parte pagada y un crédito internacional acordado.

Consiste en la reversión del flujo de gas que actualmente es de Norte a Sur con gas desde Bolivia, y la construcción de un tramo entre las plantas La Carlota y Tío Pujio en Córdoba.

Se instalará un nuevo ducto de 122 kilómetros de extensión con caños de 36 pulgadas de diámetro entre esas localidades cordobesas; además de 2 ampliaciones de 62 kilómetros junto a la traza del Gasoducto Norte, con caños de 30 pulgadas de diámetro. Asimismo, implica la reversión del sentido de inyección del gas en 4 plantas compresoras existentes en Córdoba, Santiago del Estero y Salta.

La iniciativa demanda una inversión de 710 millones de dólares, de los cuales 540 millones son aportados por un crédito del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, la CAF. Los US$170 millones restantes iban a surgir de Cammesa, a cargo de los despachos de energía eléctrica. Si bien es privada está controlada por el Estado y necesita de fondos para cubrir su creciente déficit por el subsidio a las tarifas de luz.

La unión de Techint, de la familia Rocca y Sacde, de la familia Mindlin, ambas constructoras de los tramos 1 y 2 del Gasoducto Néstor Kirchner, fue la ganadora en la licitación.

La situación es crítica según los empresarios porque a partir del 31 de mayo, se terminan los contratos en firme con Bolivia cuya producción está en declinación y no estará más obligada a venderle gas a la Argentina.

El acero para los tubos ya fue pagado y Techint lo trajo desde Brasil para la fabricación de los caños especiales para ese ducto.

La reversión posibilitará un ahorro fiscal de US$ 1.960 millones de importación, pero hasta ahora la obra quedó en suspenso.