Las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur formalizaron esta semana sus requerimientos de ingresos por más de $ 1 billón para operar el servicio público en 2024 y pidieron al Gobierno un aumento mensual de sus tarifas. La audiencia pública se realizará el viernes 26 de enero a partir de las 8.30 y se transmitirá por streaming.

Además, el Gobierno esbozó un primer cálculo sobre el costo de la energía para los próximos meses; trasladar el efecto de la devaluación a las tarifas implicaría un incremento superior al 60% en las facturas finales de los usuarios de mayores ingresos (Nivel 1 de la segmentación actual). Al igual que las empresas de gas, la indexación automática por mes servirá para mantener constantes los ingresos y no caer en desequilibrios financieros mientras la inflación sigue corriendo a tasas de dos dígitos mensuales.

Como es habitual en los últimos años, las distribuidoras no piden un porcentaje de aumento en su margen bruto, sino que estiman los ingresos necesarios para operar la compañía y destinar dinero a inversiones que eviten los cortes de luz.

Según consta en el expediente que tramita el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Edenor solicitó ingresos adicionales por $ 521.303 millones sin contar el ajuste por inflación del impuesto a las Ganancias ni el costo previsto para pagar las deudas de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuya suma llega a $ 312.493 millones extra.

De acuerdo a técnicos conocedores del sector, Edenor necesitaría durante este año unos $ 763.000 millones para el opex (operación), capex (inversiones) y la remuneración de capital, con actualización mensual en base a la inflación. Solo el plan de inversiones contempla gastos por $ 174.353 millones, dinero que se utilizará para mano de obra, mantenimientos en la red, instalación de medidores inteligentes y de tarifa social (medición autoadministrada), paneles solares en subestaciones, paneles solares en techos y terrazas e instalación de cargadores eléctricos.

Asimismo, y por fuera de estas estimaciones, la compañía que opera en el norte y oeste de la Ciudad y el Gran Buenos Aires dejó por escrito que el Estado nacional tiene una deuda de $ 1.154.479 millones ($ 1,15 billón) por distintos incumplimientos regulatorios acumulados desde 2017.

Edesur, por su lado, demanda $ 330.000 millones adicionales a los que actualmente percibe en concepto de Costo Propio de Distribución (CPD) e incrementos mensuales.

Su plan de inversiones está estimado en $ 114.500 millones.(...)