El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue acusado ante la Fiscalía General de la República por el prefecto del Departamento de Tarija, Mario Cossio, por autorizar, mediante decretos presidenciales, contrataciones directas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que luego derivaron en presuntos actos de corrupción en esta empresa.

El fiscal general, Mario Uribe, anunció que “la Fiscalía General recibió una proposición acusatoria en contra del Presidente de la República, aduciendo de haberse emitido el Decreto Supremo que violaría algunos artículos de la Ley 1.178 (Safco), en lo que se refiere a la contratación de bienes y servicios”, informó Radio Erbol. Explicando así que la acusación es por el decreto supremo que autoriza a YPFB la contratación directa de obras, bienes, servicios generales y de consultoría.

De esta manera, Morales es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, además por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes vigentes.

La demanda, que había sido interpuesta el 27 de febrero ante la fiscalía, en Sucre, por Cossio, según consignó La Prensa, recién el martes tuvo la adhesión de sus colegas de Chuquisaca, Savina Cuéllar; de Santa Cruz, Rubén Costas, y de Beni, Ernesto Suárez.

La acusación fue rechazada por los ministros de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, y de Defensa, Walker San Miguel, quienes consideran que no tiene asidero legal. Sin embargo, y en el marco de lo que dispone la nueva Constitución Política del Estado (CPE), tras la presentación se está realizando el proceso jurídico.
 
Normas aprobadas. El gobierno de Bolivia había aprobado cinco decretos supremos que permiten la discrecionalidad en la estatal petrolera y de su ex presidente Santos Ramírez, quien tuvo la libertad para crear empresas bajo la figura de sociedades comerciales, como es el caso de YPFB-Servicios e Industrias Petroleras (SIPSA).

La norma que tenía el objetivo de establecer procedimientos de contratación ágiles, eficientes y transparentes que respondan a los requerimientos y necesidades de fortalecimiento y reestructuración de la empresa petrolera estatal, terminaron derivando en contrataciones directas, sospechas de corrupción, nombramientos políticos de personal y en la detención de su ex presidente Santos Ramírez.

Fuente: América Económica

176 lecturas | Ver más notas de la sección Actualidad