El Gobierno de Bolivia dijo que un recién destapado caso de corrupción en la petrolera estatal YPFB no frenará una inversión de 1.000 millones de dólares para este año, la más grande en la historia de esa empresa.

La inversión se concentrará en exploraciones y en aumentos inmediatos de la producción de gas natural, para satisfacer un alza prevista de la demanda de Argentina, el segundo consumidor del gas boliviano después de Brasil, según los planes del Gobierno izquierdista de Evo Morales.

"Esta cifra de inversión (de YPFB) se mantiene en razón a que, en el sector hidrocarburos, en años anteriores, no ha habido las inversiones esperadas por parte de la empresa privada. Por lo tanto es necesaria esta inversión", dijo en conferencia de prensa el ministro de Hidrocarburos, Oscar Coca.

Supuestas irregularidades en la primera gran inversión de YPFB desde la nacionalización provocaron, en el último mes, la destitución del Presidente de la petrolera, Santos Ramírez, y su reemplazo por el ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

Ramírez está acusado de daños económicos al Estado, cohecho pasivo e incumplimiento de varias normas en la contratación de una planta separadora de gases y líquidos, de casi 90 millones de dólares, que debía construir el consorcio argentino-boliviano Catler Uniservice.

Bolivia, el mayor exportador de gas natural de Sudamérica, bombea a Argentina y Brasil el 80% de su producción actual de unos 40 millones de metros cúbicos diarios, que procede de campos nacionalizados desde el 2006, pero operados por transnacionales como Petrobras, Repsol-YPF y Total.

La millonaria inversión de YPFB programada para el 2009, que será financiada con un crédito del Banco Central, forma parte de un plan para duplicar la producción de gas en cinco años con miras a atender aumentos de la exportación al norte argentino ya contratados y un salto del consumo interno.

Coca, quien fue ministro de Obras Públicas hasta hace menos de tres semanas, cuando pasó al sector de hidrocarburos, dijo que la inversión marcará un "relanzamiento" de YPFB, que el Gobierno ha decidido acelerar en respuesta al escándalo desatado por un caso de corrupción todavía en investigación.

El funcionario agregó que se definen "nuevos cánones" para manejar las inversiones de la petrolera estatal, con las que el Gobierno quiere compensar una caída de las inversiones de las transnacionales. 

El caso salió a la luz a fines de enero, cuando el empresario boliviano Jorge O\'Connor, alto ejecutivo de Catler Uniservice, fue asesinado cuando portaba 450.000 dólares, que según la investigación policial iba a pagar como soborno a familiares políticos del entonces presidente de YPFB.

Mientras se suceden revelaciones de supuestas graves irregularidades administrativas en YPFB, el presidente Morales denunció nuevamente que la corrupción podría ser en parte consecuencia de una "infiltración" de la agencia de inteligencia de Estados Unidos, CIA.