Oscar Vera es titular de la Secretaría de Estado de Minería de Santa Cruz. Geólogo con una vasta trayectoria en el tema, trabaja en el área que controla la actividad minera provincial desde 1997. El 9 de abril de este año, se firmó el decreto de elevación de rango de lo que era la Dirección Provincial de Minería a Secretaría de Estado, en consonancia con el crecimiento de la actividad en Santa Cruz. “La idea –explica Vera– es tener más profesionales y más agentes, para poder desarrollar nuestra actividad y tener presencia en toda la Provincia”. Con respecto al crecimiento de la industria minera local, el funcionario detalla que “en 1997, cuando me integré al área, la onza de oro estaba en 200 dólares, y la superficie afectada era de un millón de hectáreas; hoy, con una onza a 1.200 dólares, esa superficie aumentó a casi cinco millones y medio de hectáreas, lo que significa que tenemos casi 4.500 expedientes en la Secretaría, entre informes de impacto ambiental, concesiones y producciones mineras”. Además del carbón, el oro y la plata, en la Provincia se desarrollan otras explotaciones mineras, como las canteras de arcillas y caolines en el Lote 18, cercano a San Julián.

“Estos minerales se explotan, se cargan en el camión y se exportan, la mayoría a Brasil y está por entrar un mercado alemán”. “La explotación –explica Vera– se da a través de canteras. La mano de obra no es comparable de oro y plata, pero en su momento mucha gente de Gobernador Gregores y San Julián encontró una fuente de trabajo allí. Hay yacimientos chicos, con muy buenas leyes y de alta calidad”. “Se asocia el uso de la arcilla a lo artístico, a la cerámica, pero también tiene su impacto en lo que es la industria a gran escala, como los sanitarios o los pisos. Los que compran estos materiales son Cerámica San Lorenzo, Ilva, etc.”. En la cuestión del abandono y la falta de control en que aparentan desarrollarse muchas de estas explotaciones, el funcionario explica que “esto está regulado por la Ley 24.585, que es el marco jurídico para la actividad minera. Tienen que presentar un informe de impacto ambiental e inscribirse en Minería, y como son de tercera categoría, el dueño del recurso es el dueño de la superficie. Además, si están dentro del ejido municipal, son los municipios los que se encargan de controlarlos y concederlos, y si están en campos privados, es el dueño del recurso es el responsable de lo que pasa en su cantera”.

Avanzando sobre la temática medioambiental y el comportamiento de la industria metal minera, Vera subraya que “la actividad minera genera impactos que son irreversibles, que no son daños ambientales, que es algo bien distinto. Aceptamos que haya minería y que esos impactos se puedan remediar, modificar o regular de otra manera. Partiendo de esa base, se presentan informes de impacto ambiental, que tienen carácter de declaración jurada. Dentro de mi evaluación, todas las inspecciones que he visto, hay un grado de cumplimiento importante. Las empresas son muy responsables en ese aspecto. Hay otras que han sido multadas y sancionadas, pero las empresas productoras tienen un alto acatamiento en lo que es materia ambiental. Les conviene muchísimo tener saneando el medio ambiente, mitigar los impactos, ser responsables con el uso de los químicos, etc. Hay un cumplimiento importante”. En lo que hace a las críticas de quienes se oponen a la actividad, el funcionario provincial es terminante. “Hay mucha gente que habla sin saber e insiste en decir no queremos minería".

"En esos casos me levanto y me voy. Es política del Estado el desarrollo de la Minería y los controles comienzan desde el día de la presentación de los informes de impacto ambiental. Los laboratorios harán los análisis, la periodicidad de los análisis. Me gustaría debatir y sacar conclusiones. Sería bueno para toda la actividad”. “Esos informes –se explaya– son públicos, todos quienes los quieran ver pueden hacerlo. Pueden preguntar, también damos participación a todos los organismos, ya sea flora, fauna, etc. Hace mucho que estoy y nunca hemos recibido una denuncia concreta por daños ambientales. En el momento de hablar, hablan muchos, pero a la hora de hacer una denuncia no se realiza. En 13 años nunca recibimos una denuncia. Con datos técnicos y científicos, si los presentan se irá a la Justicia y la empresa tendrá que pagar”.

Fuente: El Periódico Austral

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