Y de hacerlo, si mantiene o no los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia. 

Si esto sucediera, lo más probable es que la Argentina tenga que comenzar a negociar la manera de pagar US$1.740 millones, más intereses a los demandantes, un monto que podría impactar fuertemente en los proyectos de la petrolera estatal en Vaca Muerta. Pero más allá de lo económico, el Gobierno argentino tendrá que tomar la decisión de pedir o no a la jueza Loreta Preska aplicar la cláusula Discovery, por la cual el país podrá reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra, lo que podría desatar un nuevo escándalo de corrupción en el país. 

La decisión de la administración de Donald Trump de no avalar el pedido de la Argentina de mudar al país el juicio por la reestatización de YPF pone el foco en la Corte Suprema de ese país que debe decidir, antes de la última semana de julio, si toma o no el caso.  

Según publica esta mañana el diario Ámbito Financiero, de hacerlo, debe decidir si mantiene o no los fallos negativos para el país de primera y segunda instancia, y si esto sucediera, lo más probable es que la Argentina tenga que comenzar a negociar la manera de pagar US$1.740 millones, más intereses a los demandantes. Una suma nada desdeñable que podría impactar en los proyectos de la petrolera estatal en Vaca Muerta.  

Y el asunto no termina ahí, pues, el Gobierno de Mauricio Macri o el sucesor tendrá que tomar una decisión que podría generar aún más polémica. Pues, debe decidir si le pide o no a la jueza norteamericana Loreta Preska, sucesora de Thomas Griesa, aplicar la cláusula Discovery por medio de la cual puede reclamar su derecho a saber a quién le pagará el fallo en contra.