Ecuagoldmining está a cargo de esta concesión, pero se vio obligada a dejarla en mayo del 2018 por una resolución judicial. Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales de China y de Hong Kong no han podido ingresar al campamento minero. 

Por esto, tras un año y ocho meses que estuvieron sin operar, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para iniciar conversaciones amistosas con el Estado. Un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento del proyecto. Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”. 

En mayo del 2018, en la canchamina (zona de almacenamiento de la concesión) se contaba, por ejemplo, con alrededor de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina. En la zona se quedaron también los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura. Entre estos, dos perforadores que se usaron para hacer el túnel; dos cargadoras de mina, que transportaban el material; y una cargadora frontal, que es parecida a una pala mecánica. 

Pero, según una denuncia presentada en Fiscalía por la empresa, estos equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en la zona del proyecto. Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. 

En octubre del 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento, dentro de las protestas en contra del alza de los combustibles Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministro de Minas hasta hace un mes, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que en esta zona se desarrolle minería al margen de la Ley, como ha ocurrido en Buenos Aires (Imbabura) o en Balzar de Los Ajos (Esmeraldas). “Basta que se cierre la puerta a la minería legal, mediante una acción judicial, para que se abran las dos puertas para el desarrollo de actividad minera informal”, precisó Benalcázar. 

La Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control estatal de la zona. El área ahora está en manos de un grupo de personas “que decide quién ingresa y quién no”, refirió Patricio Vargas, presidente del gremio. En junio pasado, incluso, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector. Los policías fueron amenazados de muerte y agredidos físicamente. El patrullero fue incinerado y arrojado por un precipicio. (...)