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La minería que viene: Nación y provincias definen una nueva hoja de ruta

06/04/2018 | ARGENTINA | Minería | 825 lecturas | 120 Votos



Después de un año y medio de búsqueda de consenso entre las provincias y la Nación, más nueve meses de revisiones y ajustes sobre el texto final, el gobierno de Mauricio Macri presentó ayer en la Comisión de Minería del Congreso Nacional el Nuevo Acuerdo Federal Minero, que según anticipó pretende “sentar las bases de trabajo para el sector para los próximos 20 años”.




El proyecto, que fue elaborado en el marco del Consejo Federal Minero (COFEMIN) y procura representar a todas las gobernaciones del país con sus diferencias geológicas y con sus variantes políticas, modifica otro acuerdo similar que se creó en 1993, y entrará en vigencia una vez que se apruebe en el Parlamento nacional. Luego, deberá ser ratificado en cada una de las legislaturas provinciales.

“Esta nueva ley busca promover inversiones y apunta a dar certidumbre a cuestiones que hasta hoy no la tenían”, anticipa a 3Días el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán. “El país cuenta con un Código de Minería que se constituyó a fines del siglo XIX y que si bien tuvo que ser renovado hace 25 años, se mantiene como la base que rige a toda la industria. Hoy, con las nuevas necesidades en cuanto a desarrollo local y temas comunitarios, más los avances tecnológicos en materia ambiental, hay que volver a actualizarlo, por eso le decimos Nuevo Acuerdo o NAFM, según sus siglas”, justifica el titular de la cartera, quien ocupó el mismo puesto en los 90 cuando se discutió el documento anterior.

A primera vista, se espera ampliar los beneficios económicos para los estados provinciales en cuanto al valor efectivo de lo que perciben por la extracción de minerales en sus territorios, ya que plantea una modificación en la forma de contabilizar las regalías y agrega un aporte para el desarrollo de infraestructura que también deberán pagar las compañías operadoras.

En ese sentido, los empresarios y los representantes gremiales de los trabajadores coinciden, aunque con motivaciones disímiles, en que con el Nuevo Acuerdo no se lograron transformar cuestiones fundamentales para posicionar a la Argentina como un destino atractivo para los inversores frente a los líderes de la región, Chile y Perú, que al menos en materia minera llevan amplia ventaja. Sostienen que en el mediano plazo, apuntaría en contra de los objetivos para lo que fue pensado: en definitiva, si no se generan nuevos proyectos, los frutos que las provincias prevén recolectar con las regalías tienen los días contados.

A pesar de las críticas, se rescata como señal positiva el proceso de apertura al diálogo que se propició desde el Gobierno nacional para consensuar el Nuevo Acuerdo, como estrategia necesaria hacia el desarrollo de una actividad cuestionada por su afectación al medio ambiente a nivel global.

En junio del año pasado fue firmado por el presidente y por 17 gobernadores. Recientemente se sumó La Rioja, y todavía quedan algunas firmas pendientes como la de San Luis, Tucumán y Chubut, que son algunas de las que cuentan con leyes que prohíben la minería en sus territorios. “Buscamos que las jurisdicciones no difieran tanto una de la otra, en la medida de lo posible, en materia regulatoria, para que quien está decidiendo invertir en la Argentina no se encuentre con un rompecabezas de piezas disímiles”, agrega el subsecretario de Política Minera, Juan Biset.

Regalías

Con respecto a las regalías, el proyecto propone que las provincias cobren hasta un 3% del valor bruto de producción. Hasta el momento, se cobra un 3% del valor boca de mina, que refiere a todo el material que se extrae sin procesar. Adicionalmente, crea un nuevo ítem de 1,5%, también sobre el valor final, que se aportará al desarrollo de infraestructura. “Esto lo va a poder regular cada distrito, cada uno tiene que decir si quiere mantener ese tope de regalías, puede bajarlo o directamente no cobrarlo si busca ser más competitivo al momento de atraer inversiones”, aclara Meilán.

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se presentó ante el Gobierno nacional una alternativa que finalmente no se tuvo en cuenta en el COFEMIN, que contempla la conformación de un sistema progresivo de impuestos sobre la curva de evolución de los proyectos mineros, lo que en rigor implica que las regalías se calculen sobre las utilidades de las empresas y no sobre la facturación.

“Nos hubiésemos acercado competitivamente a otros países como Chile y Perú, que con un modelo impositivo de ese tipo acompañan los ciclos de la industria extractiva y consiguen captar más inversiones”, evalúa el presidente de CAEM, Marcelo Álvarez, y explica a este diario que “el problema de la regresividad de los impuestos es que, como se trata de commodities, se pagan los mismos montos aunque el precio esté muy bajo, por lo tanto la vida útil de la operación se acorta”.

De ese manera, lo que aparece como un beneficio para las provincias puede ser negativo, porque no solo se desincentiva la llegada de nuevas inversiones sino que también pierden rentabilidad los emprendimientos que están en marcha.

“La apuesta del Gobierno nacional es que las provincias compitan entre ellas, pero no es tan simple y directa la ecuación. Deben competir en otros aspectos pero no en el tributario porque si no es muy difícil de justificar, salvo que tengas una inversión concreta y directa muy grande, que vas a cobrar menos cuando otras provincias cobran más”, señala el titular de la entidad empresarial y Country Manager de la minera canadiense Goldcorp, firma que tiene a su cargo Cerro Negro en Santa Cruz, una de las minas de oro y plata en producción más grandes del país.

En ese sentido, Meilán también coincide con la visión del empresario. A su decir, para el país es muy difícil competir con Chile y Perú “porque ellos no privilegian la percepción directa de regalías”. “Son países muy mineros, para ellos significa el 15% del PBI, en cambio para nosotros es apenas el 1%, y ponen en primer plano el trabajo, el crecimiento, el desarrollo de proveedores, que genera más trabajo; prefieren abrir varias canillas en todos lados, no una sola, y tener un desarrollo más ampliado”, compara el funcionario nacional. “En la discusión perdí, porque entiendo que así perdemos competitividad, pero el voto de la mayoría es el que quedó plasmado en el NAFM. A la par, estamos haciendo cosas para ganar competitividad en otros aspectos”, indica.

La provincia de San Juan, por caso, tomó la delantera y puso en funcionamiento nuevas normas locales para generar incentivos para que las empresas activen nuevas campañas exploratorias, que implican la fase previa de todo desarrollo minero y requiere de una gran inversión de riesgo.

Esa decisión del gobierno de Sergio Uñac ya impactó en los inversores internacionales. Según la última encuesta del Instituto Fraser de Canadá, que se encarga de modelar el interés mundial de acuerdo al potencial geológico y a la percepción política, San Juan se ubicó tercero entre los destinos preferidos para el desarrollo de emprendimientos en Latinoamérica, después de Chile y de Perú como países.

Al respecto, Álvarez valora que el ministro Juan José Aranguren, de quien depende la Secretaría de Minería, haya abierto la mesa de competitividad y que en ese marco, las provincias hayan empezado a tomar decisiones en ese sentido, a pesar de no haber podido instalar desde CAEM un sistema progresivo de impuestos como medida necesaria para que sea la Argentina en conjunto la que escale posiciones en el ránking global minero.

“El NAFM generó mayor confianza en cuanto a que el diálogo entre las provincias y la Nación se recuperó y se pudo avanzar en algunos ejes importantes; es un primer paso importante”, estima el empresario.

Fuente: Noticias y Protagonistas

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