Es la mitad de lo que les correspondería a las empresas productoras. Tecpetrol, brazo petrolero del grupo Techint, es la principal perjudicada por la medida.

El Gobierno se apresta a tomar una decisión que tensionará la atmósfera de la industria petrolera. En el marco de ajuste de las cuentas públicas para cumplir con la meta de déficit cero prometida al FMI, el Ministerio de Hacienda convocará a las empresas productoras de gas a renegociar el monto de los millonarios subsidios que reciben por invertir en Vaca Muerta y en otros campos no convencionales. Se apunta, en rigor, a readecuar a la realidad fiscal actual lo establecido por la resolución 46/2017 de la cartera por entonces dirigida por Juan José Aranguren, que creó un programa de estímulo a la producción de yacimientos no convencionales de gas. 

Esa iniciativa estableció un esquema que funciona como un seguro de precios: las empresas beneficiarias perciben un subsidio directo que cubre la diferencia entre el importe promedio del mercado y un precio estímulo fijado de forma discrecional por el Estado. Eso les garantiza a los privados un ingreso competitivo al margen de las oscilaciones del mercado. En 2018, el precio de incentivo asciende a US$ 7,50 por millón de BTU. La normativa establece que el premio decrezca con el paso del tiempo: caerá a 7 dólares en 2019; a US$ 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.

La precariedad fiscal del Estado obliga a la cartera que dirige Nicolás Dujovne a revisar cuánto dinero tendrá disponible en 2019 para las petroleras. Pero, a su vez, en la intención de Hacienda, que será comunicada en las próximas horas a las empresas, subyace un problema estructural de difícil solución ligado al cambio de política de precios del gas del gobierno. Aranguren había establecido un sendero incremental de precios del gas en boca de pozo que, a fines de 2019, convergería con el precio de importación del fluido (en la banda de lo que cuesta al gas de Bolivia y el LNG). Ese esquema preveía que en octubre del año que viene el precio que paga el mercado ascendería hasta los US$ 6,33, según la última presentación realizada por el ex presidente de Shell antes de dejar el cargo. 

Hoy el sendero de precios crecientes de gas ya no tiene validez, admite el nuevo titular del área energética, Javier Iguacel. Por el contrario, su apuesta es reducir de forma disruptiva el precio que cobran las petroleras. Iguacel defiende que el incremento de la producción de gas registrada en el último año permite reducir el importe de venta del fluido, con el consecuente beneficio para los consumidores (hogares, comercios e industrias) que evitarán saltos mayores en las facturas de gas. En esa clave, el secretario de Energía festejó la semana pasada la baja del precio del gas que paga Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista (MEM), para generar energía. La apuesta de Iguacel es que el precio promedio del gas en 2019 ronde los US$ 4 por millón de BTU. Aranguren, en cambio, lo imaginaba en torno a los 6 dólares por millón de BTU.

Lo que puede parecer, y lo es, una buena noticia para los consumidores de gas —una baja importante del costo del gas natural— genera un problema de proporciones para el Estado. Cuando diseñó el programa de estímulo al gas de Vaca Muerta, Aranguren estableció dos curvas: una creciente, la del precio interno del gas en el mercado argentino. Y una decreciente, la del precio estímulo para el gas no convencional, que cae desde los US$ 7,50 en 2018 hasta los 6 dólares en 2021.