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El modelo extractivo bajo la lupa

07/08/2017 | ARGENTINA | Noticias Destacadas | 564 lecturas | 134 Votos



Cuál es la mejor regulación para la producción de hidrocarburos y minerales




La atracción de inversiones extranjeras es presentada por el Gobierno como la clave para apuntalar el crecimiento. Petróleo y minería son dos sectores considerados clave, a los cuales se les vienen otorgando incentivos con escasos resultados.

En Argentina los hidrocarburos fósiles cumplen un rol preponderante, más allá de los esfuerzos actuales por aumentar la incidencia de las energías renovables. El petróleo, y fundamentalmente el gas, son determinantes en la matriz energética primaria y tienen relevante incidencia en la infraestructura de energía eléctrica existente, altamente dependiente de la generación térmica (más de un 70 por ciento).

No es una novedad decir que el presente del sector hidrocarburífero en la Argentina está en crisis, precipitada por el desplome del precio internacional del barril de petróleo, que cayó a la mitad de su valor en apenas dos años. Frente a semejante retroceso, sería imposible no reconsiderar la dinámica global del negocio, minimizando los efectos que la persistencia de precios bajos genere sobre los puestos de trabajo. En este contexto, por lo tanto, la decisión más importante a tomar se dirime entre dos alternativas: a) subsidiar a la oferta para proteger el nivel de actividad, lo que entre otras cosas supone pagar combustibles caros y continuar asumiendo un costo fiscal cercano al 17 por ciento sobre el total de los subsidios; o b) ir a un esquema de paridad/acople de los precios internos con los externos (“import parity”), que circunstancialmente podría relajar el déficit de la cuenta energética pero que atentaría contra la producción local. En otras palabras, se trata de una disyuntiva política que podríamos sintetizar como la tensión entre autoabastecimiento vs. seguridad energética, punto sobre el cual sí pueden observarse diferencias entre la gestión actual y la anterior.

A los grandes jugadores del sector no pareciera haber otra manera de comprometerlos a invertir que dándoles señales de precios. Argentina, además de estar expuesto como cualquier otro centro de producción a las condiciones del mercado, tiene sus propios interrogantes para resolver: en primer lugar, acaso el más importante, saber qué respaldo otorgará el Estado Nacional, en tanto diseñador de la política energética de alcance federal, para conducir las inversiones al sostenimiento de los puestos de trabajo. Éste además cuenta con un instrumento económico como YPF, empresa de mayor porción de mercado (produce el 45 por ciento del petróleo y el 34 por ciento del gas a nivel local) y cuyas inversiones siempre lideraron la actividad exploratoria en nuestro país. La inquietud entonces es qué rol va a jugar YPF en esta nueva etapa. Signada claramente como “nave insignia” del sector durante la gestión anterior, su protagonismo para traccionar en la actualidad aún está por verse. De hecho, acaba de registrar una caída en la producción de petróleo del 5,7 por ciento durante el primer semestre de 2017. En gas exhibió un crecimiento de 11,8 por ciento y, en materia de inversiones, finalizó el primer trimestre del año con 11 pozos exploratorios y un desembolso estimado en 90 millones de dólares. PAE, la segunda empresa más importante en petróleo y la tercera en gas, registró una caída del 4 por ciento en hidrocarburos. Y el resto viene evidenciando rendimientos peores.

Pero eso no es todo. Desde las políticas públicas también se ha intentado generar condiciones para estimular las inversiones. La ley de hidrocarburos N° 27.007 del 2014 unificó tasas impositivas que debían pagar las operadoras, hasta entonces diferentes en cada jurisdicción, y fijó un plazo para que Nación y provincias acordaran criterios comunes para los pliegos de licitación. La ley, a su vez, obligó a eliminar el llamado carry, que forzaba a la operadora a participar de un porcentaje a la empresa pública provincial sin desembolsar capital. Además se están realizando esfuerzos para consensuar con los sindicatos un compromiso de no parar la producción, rediscutiendo algunas condiciones de trabajo dada la nueva rentabilidad del negocio a fin de minimizar la destrucción de empleo, aunque ya haya sido despedida o suspendida mucha gente. 

Lo que queda claro es que, hasta tanto se repongan los precios, no hay soluciones mágicas para mejorar la performance del sector. Pero sí conviene dar cuenta de la gestión pública que se haga de la crisis, recordando que el sostenimiento de la actividad es una premisa consagrada por ley y aprobada por amplias mayorías en el 2012.

Fuente: Página 12

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