La iniciativa, autoría de la senadora kirchnerista Ana María Ianni, ingresó el año pasado pero la oposición busca ponerlo en agenda. Así, se reemplazaría la actual empresa de Río Turbio.

El proyecto de ley, al que tuvo acceso AIM, crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales Sociedad del Estado –YCF S.E., por sus siglas.

La empresa estatal estará integrada por el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, su complejo ferroportuario y la Central Termoeléctrica a Carbón (Ctrt), complejos ubicados en la provincia de Santa Cruz.

Así, con la iniciativa, se transfiere a la empresa, los activos que provienen de su antecesora Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos –YCRT– (intervención), y que comprenden la totalidad de los créditos, los bienes muebles, inmuebles, marcas, registros patentes y demás.

La finalidad del proyecto es otorgar una figura jurídica que garantice el funcionamiento de la unidad productiva del complejo carboeléctrico, ubicado geopolíticamente en una zona estratégica para el país, cuyos años de historia están sostenidos en la lucha de sus trabajadores.

En sus fundamentos, el proyecto argumenta que, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, y la decisión política de paralizar toda la obra pública que llevó adelante la gestión anterior, tuvo consecuencias dañosas particularmente en las obras que se estaban ejecutando en Río Turbio. Tras inaugurarse el primer módulo de la central termoeléctrica a carbón, en 2015 y funcionar tres meses, con la llegada del nuevo interventor en enero de 2016, se suspendió el funcionamiento y finalización del segundo módulo con un 80 por ciento de avance en su construcción y se paralizó la mina.

El 26 de enero de 2016, el gobierno de Mauricio Macri solicitó una auditoría integral para el complejo minero YCRT y la Central Termoeléctrica de Río Turbio (Ctrt) con el decreto 257/2016 y luego con la resolución del ministerio a cargo de Aranguren.

Finalizado en septiembre de 2016, un informe exhaustivo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), integrado por varios tomos que desarrollan distintas áreas de análisis, detalla en el tomo V que “Sobre un 92,3 por ciento de ejecución económica hay un 85 por ciento de obra física terminada�.

“Es decir que la realidad – auditada por el gobierno – demuestra una diferencia contrastable con el argumento esgrimido por el gobierno para paralizar la obra que recibió casi finalizada. Poniendo en vilo a trabajadores y a pobladores de esas localidades con la constante amenaza de cierre�, concluye el texto.

Actualmente la situación de la cuenca carbonífera es gravísima, ya que, en el mes de enero de 2018, cerca de 500 trabajadores han recibido telegramas de despido o han optado por el retiro voluntario perjudicando a aquellos que se encuentran a pocos años de jubilarse. Esto resulta de gran impacto negativo para toda la población de las localidades de Río Turbio y 28 de Noviembre, cuya existencia y desarrollo está estrechamente ligada a la producción del carbón.