Los procesados ((entre ellos, algunos ejecutivos)  solicitaron que sean sometidos al procedimiento contemplado en la ley llamado suspensi贸n de juicio a prueba o probation, en el que ofrecen una reparaci贸n simb贸lica en dinero y la realizaci贸n de tareas comunitarias, a cambio de que, una vez que cumplan con lo propuesto, se borre la mancha de la causa penal en sus antecedentes. Fuentes judiciales aseguraron que como algunos de ellos viven fuera de la provincia s贸lo pusieron en consideraci贸n un monto que va de los 10 mil a los 50 y 60 mil pesos, mientras que otros propusieron plata y llevar a cabo trabajos comunales, cuyos detalles no trascendieron.

En este sentido la empresa agreg贸 que  "todas las decisiones adoptadas por la Justicia en esta causa son analizadas por los abogados penalistas de las personas en el proceso a efectos de decidir los pasos legales a seguir con el objeto de protegerlos". 

Los planteos de los exempleados fueron realizados hace dos semanas y reci茅n salieron a la luz el viernes. Ahora, el fiscal de J谩chal, Sohar Aballay, deber谩 opinar si est谩 de acuerdo o no con los pedidos, aunque ser谩 el juez de Paz de Iglesia, Hugo Quiroga, el que tendr谩 la palabra final cuando fije la fecha de la audiencia.

Leandro Poblete (jefe de Procesos), Segundo 脕lvarez (supervisor Junior del valle de lixiviaci贸n), Carlos Cabanillas (gerente de Operaciones de Mina a cargo de Gerencia General), 脕ngel Escudero (jefe de Prevenci贸n de Riesgos), Osvaldo Brocca (jefe de Servicios T茅cnicos), David S谩nchez (jefe General de Mantenimiento de Mina) y Ricardo Cort茅z (supervisor Junior de Medio Ambiente). 

Desde la empresa consideramos que no existe ninguna raz贸n v谩lida para que sus empleados procesados a ra铆z del incidente de septiembre de 2015 sean llevados a juicio, ya que no han cometido conducta delictiva alguna. 

En ese sentido, la empresa informa que todas las decisiones adoptadas por la Justicia en esta causa son analizadas por los abogados penalistas de las personas en el proceso a efectos de decidir los pasos legales a seguir con el objeto de protegerlos, los cuales cuentan y contar谩n con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso.

La seguridad de las personas, las comunidades y el medio ambiente ha sido siempre la principal prioridad para nuestra compa帽铆a. 

Lamentamos la ocurrencia del evento de septiembre 2015 y estamos comprometidos a lograr que situaciones de este tipo no vuelvan a ocurrir en Veladero, pero recordamos tambi茅n que estudios independientes posteriores confirmaron que el mismo no origin贸 riesgos sobre la salud de personas, las comunidades o el ambiente.  

Estos informes fueron coincidentes con los ordenados por la justicia y autoridades competentes como el Instituto Nacional del Agua (INA), la Universidad de San Juan (UNSJ) y el Centro de Investigaciones para la Prevenci贸n de la Contaminaci贸n Minera (CIPCAMI) e incluso UNOPS.