Las empresas distribuidoras de gas no lograron ponerse de acuerdo con las productoras para readecuar los contratos de abastecimiento de gas tras la indetenible devaluación de la moneda local. Los precios del gas en boca de pozo establecidos en los contratos vigantes —firmados a fines de 2017 por iniciativa del ex ministro de Energía Juan José Aranguren— están expresados en dólares. De respetar esos documentos, las tarifas residenciales de gas deberían aumentar un 140% el 1º de octubre, cuando está prevista la segunda suba anual de las facturas.

La instrucción del Ejecutivo y del Enargas, el ente regulador, fue readecuar las bases y condiciones de esos contratos de modo tal que el aumento ronde el 30 por ciento. Sin embargo, las gasíferas —lideradas por Metrogas, Gas BAN, Camuzzi y EcoGas— no llegaron a un acuerdo con las petroleras, capitaneadas por YPF, Pan American Energy (PAE), la francesa Total y la alemana Wintershall. Las distribuidoras debían presentar el lunes los nuevos contratos de suministro en la sede del Enargas para lograr su validación. No lo hicieron. Pidieron, con carácter excepcional, una prórroga hasta mañana miércoles a primera hora para entregar los nuevos contratos.

El ente regulador no puede permitir que los plazos se extiendan porque la semana que viene (el martes 4 y el jueves 6 de septiembre) se realizarán las audiencias públicas para discutir la situación del negocio de distribución de gas. Sin esos contratos sobre la mesa, la presentación pierde sustento.

De ahí la premura de los funcionarios públicos. Durante los últimos dos meses, cuando se evidenció la necesidad de readecuar los contratos por la apreciación del dólar, la tesitura de los hombres de gobierno fue la de no intervenir a fin de propiciar que la negociación quede exclusivamente en manos de los privados. Tras la caída de la Ley de Emergencia Económica, en el gobierno explican que ya no hay autorización legal para intervenir en el mercado. Esa interpretación cambió en los últimos días. (...)