La gran convocatoria que hizo el gobernador Sergio Uñac bajo el título Acuerdo San Juan (ASJ) podría ser un instrumento para que la provincia vuelva a sus raíces y asegure un destino óptimo de los dividendos que deja la minería. La clave está en un decreto de la gestión anterior que habilita a los municipios a gastar una parte de las regalías que generan los grandes yacimientos en gasto corriente, lo que va en contra de la normativa original que dispuso que el dinero únicamente puede ir a obras de infraestructura. El ministro de Minería, Carlos Astudillo, adelantó que en la mesa de diálogo del sector planteará la necesidad de discutir el decreto y que los recursos tengan el destino que se fijó inicialmente.

“Lo voy a plantear”, aseguró Astudillo en Radio Estación Claridad cuando le preguntaron si va a llevar al ASJ el decreto del año 2007 que distorsionó el destino que pueden tener las regalías mineras que administran los municipios. Según el alfil uñaquista, esos fondos deben seguir la misma suerte que los fideicomisos mineros, es decir, usarse nada más que en la ejecución de obras.

Astudillo coordina la mesa sectorial de la Minería, que además, entre otros, integran empresarios, gremios y proveedores de la actividad. De allí, al igual que en las otras 16 mesas que se armaron bajo el paraguas del ASJ, saldrán distintas propuestas consensuadas para tratar de superar la crisis que está dejando la pandemia del coronavirus y políticas de Estado de mediano y largo plazo.

El uso de la plata que viene de la minería a gran escala genera polémica desde hace años en San Juan. La Ley de Regalías (7281) sancionada en el año 2002 tras un amplio debate que incluyó a los partidos políticos más importantes de la provincia, establece que las compañías que exploten los yacimientos metalíferos le tienen que pagar al Estado un porcentaje del metal que venden y que ese dinero se dividirá de la siguiente manera: 12% para la Policía Minera, 55% a rentas generales de la provincia y un 33% para el municipios donde esté enclavado el emprendimiento.

El punto de conflicto está en los municipios. La misma ley dice que las comunas deben utilizar el dinero en obras de infraestructura que propendan a un desarrollo sustentable, pero la realidad indica otra cosa. Iglesia viene cobrando desde el año 2006 jugosos montos por Veladero y los hermanos Marinero, Mauro primero y Marcelo después, que fueron intendentes desde aquella época hasta el año pasado, aplicaron gran parte de esos fondos a gasto corrientes, como becas, contratos y ayudas sociales, nunca se levantó una obra que haya transformado la realidad económica y productiva y el distrito nunca despegó a pesar de que sus ingresos se multiplicaron varias veces gracias al yacimiento más grande que tiene la provincia. (...)