Nunca tuvo razón la Argentina cuando el asunto era manejado por Axel Kicillof y tampoco la tiene ahora que la maneja el nuevo oficialismo. El problema no es solo la pérdida de tiempo y los recursos que se consumirán en abogados, que cobran mucho y con independencia del resultado. 

El daño más grande se lo hace el país a sí mismo despreciando el orden jurídico, ratificando el estatismo de carácter absoluto que se pone por encima de los derechos privados y repitiendo una y otra vez que los tribunales argentinos serían más favorables al Estado, lo cual es desgraciadamente cierto pero no es una gran publicidad que el mundo lo sepa. Una expropiación del 51% de las acciones de una empresa comercial es un acto "soberano" hasta el alcance de esa expropiación, es decir, hasta el 51% que el estado eligió expropiar con el fin de ahorrarse la indemnización del otro 49%. 

En tanto el 49% no fue expropiado (ni indemnizado), hablar de que el conflicto con ellos está amparado bajo la arbitrariedad santificada del acto estatal limitado a los otros, no tiene pies ni cabeza. El vínculo entre el 51% y el 49% de una compañía comercial que cotiza en la Bolsa de New York se rige, por lo tanto, por el estatuto y la discusión debe hacerse ante los tribunales de ese distrito. El mismo estado que elige no expropiar al 49% pretende que los compromisos accionarios se traten dentro del marco jurídico de una expropiación. 

Es decir, con falsas banderas nacionalistas se defiende un estatismo extremo que tiene los beneficios de ambas posiciones, pero ninguna de las responsabilidades. Habría que ver también el conflicto ético que existe para los abogados de la firma en intervenir en un pleito entre accionistas en favor de unos y en contra de otros. Defender a la Argentina no es defender al estado. El no-estado es más la Argentina y el estado que se supone que está a su servicio, sin intereses propios. 

El individuo, la empresa, el propietario atacado y atropellado por el patoterismo infantil de las políticas nacionalistas del kirchnerismo y cuales, no representan al país en cuanto tal sino a un sistema de creencias nefasto que lo ha llevado a un fracaso histórico. Ahorrarse la plata de la indemnización a los accionistas, además de que dudosamente se logrará y no sé si se lo han dicho al presidente, es pegarse un tiro en el pie, porque el dinero que se pierde debe contabilizar a los negocios que se ahuyentan por tener este vínculo con los derechos de propiedad. 

Por la misma razón que ninguna persona inteligente deja de pagar sus cuentas ni entiende que así le va a ir mejor económicamente. La anteojera nacionalista con la que se está tratando el asunto impide ver eso. Ahora la defensa argentina quiere introducir otro tema, una cuestión moral totalmente improcedente que es el modo en que Repsol le cedió en su momento acciones al grupo Petersen. 

En la audiencia de hoy la juez Preska les dio la pista perfecta de lo que va a resolver sobre eso al decirle a la defensa argentina: "No lo entiendo, asumamos que es cierto ¿por qué esto invalidaría la compraventa de acciones y el reclamo?". El estado no tiene arte ni parte en el acuerdo entre Repsol y Petersen (no parece haber conflicto alguno entre ellos) y la posición del estado no mejoraría porque fuera nula la operación, nulidad que ni siquiera fue planteada, sino que en todo caso este juicio sería llevado adelante por Repsol. 

Eso hace que la juez pregunte qué cambiaría en este pleito la alegación de la Procuración del Tesoro, cuando además los derechos están cedidos a un adquirente de buena fe en el marco de un trámite concursal en España. Este juicio no es un partido de fútbol entre Estados Unidos y Argentina, es otra vergüenza que tenemos que pasar porque no se entiende que el principio de toda juridicidad en cuestiones económicas es el derecho de propiedad. Y que tal cosa resulta ser además la base de la prosperidad económica, que siempre se le escapa al país mientras se sigue preguntando por qué los astros lo habrán condenado.