Así se desprende del informe difundido ayer por la consultora Energy Conilium que preside Aranguren, en el que se analizó los alcances del decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas-oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.

El reporte consideró que el decreto es “un retroceso significativo en términos de política energética�� y destacó que “es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector�.

“Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias�, advirtió el informe.

Además, la consultora consideró que el congelamiento “tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector� ya que es el único donde la Administración intervino los precios “en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva� como fue el caso de los productos de primera necesidad.