El jefe de asesores del gobierno sanjuanino, Guillermo de Sanctis, explicó que la norma sancionada meses atrás por el Congreso se contrapone con el artículo 113 de la Constitución provincial, cuyo texto destaca que el Estado nacional “no puede disponer sobre recursos naturales� del distrito. La ley nacional, según expresó De Sanctis, tampoco puede tomar disposiciones sin una autorización legal de la provincia, una situación jurídica que no ocurre. Para el funcionario, la ley es inaplicable y, por lo tanto, “inconstitucional�.

“San Juan tiene un abundante derecho público provincial por el cual regula la gestión y la actividad minera, las actividades productivas y la gestión de proyección ambiental, y esas leyes provinciales están siendo agredidas por esta ley nacional�, consideró De Sanctis en declaraciones a Radio Colón. La presentación realizada por el gobierno del kirchnerista José Luis Gioja fue firmada por el fiscal de Estado, Mario Díaz, quien adelantó que “seguramente será la Corte Suprema de Justicia� la que “tendrá que resolver� la cuestión. Al respecto, Díaz señaló que la Procuradoría del Tesoro “deberá ser desplazada de la competencia� de intervenir en un reclamo que realiza un Estado provincial en contra de una ley nacional como la que defiende los Glaciares. Luego de concretar el reclamo judicial, San Juan, se convirtió en el primer gobierno provincial que realiza el pedido de inconstitucionalidad de la norma.

Fuente: El Inversor Enérgetico & Minero

912 lecturas | Ver más notas de la sección Minería