Durante muchos años, a la Argentina le preocupó más tener energía barata que explotar los recursos energéticos como parte de una matriz productiva que garantice la demanda interna y además permita la exportación.

Pero lo de barata era una fantasía. El peso de los costos internos que dejado de lado porque el Estado decidió compensarlos con subsidios que pagó toda la sociedad, sin importar demasiado si el usuario usaba mucha energía, poca o nada. Pero apareció Vaca Muerta y el mapa cambió.

La bendición de tener un recurso natural abundante, como lo puede ser en el futuro el petróleo y el gas no convencional, trae aparejados otros compromisos. Como dicen los empresarios petroleros, el nombre del negocio ahora es otro: ya no se trata de abastecer el consumo, sino de buscar nuevos mercados que alimenten el flujo de divisas que necesita la Argentina. El foco debe ser la exportación, y para ello hay que introducir una agenda integral que apunte a una mayor competitividad. 

Los costos que hacen falta para llevar gas a mercados como India o China, no los puede compensar más el Tesoro, sino que deben ser el resultado de una producción más eficiente que debe lograr toda la cadena. Como sucede en todo año electoral el sector energético aspira a conseguir consenso político sobre la continuidad de esa agenda. No es un capricho, sino una necesidad. Lo que la Argentina necesite conseguir dentro de cinco años, lo debe empezar a sembrar ahora. Dejar pasar la oportunidad de que el gas y el petróleo no convencional multipliquen la riqueza que aportó el agro con la soja y la revolución de la siembra directa, sería una necedad imperdonable.

La primera política que permitió potenciarla explotación de Vaca Muerta fue el acuerdo alcanzado entre las petroleras, los gremios, las provincias productoras y el Estado. Ese compromiso permitió mejorar la productividad y al Linó inversiones que se tradujeron en más energía. Falta ahora adecuar la infraestructura para poder transportarla y exportarla.

También es necesario ajustar marcos regulatorios para firmar contratos de largo plazo, y acordar que la estructura tributaria debería permanecer estable para que las empresas argentinas puedan respetar compromisos que por lo general duran masque el mandato de un presidente. (...)