La minería puede generar encadenamientos productivos en el territorio y valor agregado y no solo organizarse en función de la demanda interna y las prioridades que imponen las multinacionales. El riesgo ambiental. 

Asistimos por estos días a un nuevo capítulo del debate alrededor de la actividad minera. La novedad es que funcionarios nacionales, académicos y referentes de raigambre heterodoxa se sumaron al contrapunto. Los recién arribados tienen el mérito de aportar a la discusión su perspectiva en relación a la restricción externa y el desarrollo. La mirada de la minería como sector exportador actualiza sutilmente el debate respecto de la promoción minera en Argentina de los ‘90.

Durante aquellos años comenzaron a desarrollarse en el país los primeros proyectos de explotación minera a gran escala, a partir de inversiones extranjeras. Dichas inversiones fueron facilitadas y promovidas a partir de diversas modificaciones en el marco regulatorio que rige la actividad. Las nuevas regulaciones a favor del capital trasnacional brindaron una serie de garantías diferenciales, como limitaciones severas a la injerencia del Estado, estabilidad fiscal por 30 años, concesiones ilimitadas, tope al cobro de regalías y exenciones impositivas varias. Ninguna de ellas atadas a indicadores de productividad, empleo, inversión o estabilidad macroeconómica. No había detrás una lógica productiva, sino más bien contable y financiera.

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, la minería metalífera representa el 0,5 por ciento del Valor Bruto de la Producción Nacional, el 0,7 por ciento del Valor Agregado Bruto nacional, el 4,3 por ciento de las exportaciones y sólo el 0,2 por ciento del empleo nacional.

Esto no niega la importancia relativa que tiene la actividad minera en el contexto regional de algunas economías provinciales o bien el alto nivel de salarios y de formalidad en el empleo ni las regalías que aporta. De todos modos, el sector no ha logrado superar la figura de enclave, generando pocas vinculaciones y encadenamientos productivos con el entramado local. Vale recordar que la refinación de los metales, el proceso de que más valor agrega y que convierte al mineral en insumo para la industria, sigue realizándose en el exterior.

Aun coincidiendo en la necesidad de exportar más y con mayor valor agregado, vale la pena preguntarse si esta es la única vía para atacar el problema de la restricción externa. La Formación Externa de Activos, la fuga de capitales en lenguaje coloquial, sigue capturando buena parte de los dólares que logramos conseguir. Mientras no cortemos esa sangría, no habrá exportaciones que alcancen, sea de minerales soja o salmones.

En este punto suele recurrirse a comparaciones con países con mejor grado de desarrollo relativo a partir de la exploración de sus recursos naturales, tales como Noruega y Australia. Bien valen aquí las conclusiones del trabajo publicado por Cassini, García Zanotti y Schorr en la Revista de la CEPAL, donde explican cómo éstos países lograron su condición a partir de la planificación pública, una fuerte intervención del Estado en pos de agregar valor localmente a los producido y vincularlo con encadenamientos productivos a nivel local, así como también fuertes regulaciones al capital extranjero en términos de transferencia tecnológica. Este sendero marca diferencias importantes respecto de la realidad argentina.

Las posturas liberal-conservadoras y algunas de la heterodoxia parecen llegar a conclusiones similares sobre la actividad minera. Esta falta de respuestas alternativas quizás se deba a que formulamos mal la pregunta. No se trata de minería sí o no. La humanidad no ha logrado aún producir materia, con lo cuál la minería resulta aún una actividad necesaria. Sin embargo vale la pena debatir cómo hacemos minería y para qué.

¿Qué minería queremos y necesitamos? ¿Una minería que abastezca la industria nacional y genere encadenamientos en el territorio y valor agregado en él, o una minería en función de la demanda externa? ¿Cómo y dónde haremos minería? ¿Lo decidirá el capital según su conveniencia o el ordenamiento y la planificación será pública a través del Estado? ¿Cómo se distribuirán los beneficios y los costos? ¿Los protagonistas excluyentes seguirán siendo empresas trasnacionales o podrán intervenir el Estado y las empresas nacionales? ¿Quién se hará cargo de los pasivos? En las respuestas que sepamos construir se juegan las oportunidades de un nuevo modelo de desarrollo, una tercera posición que recupere la mejor tradición nacional.