Una investigación de The Associated Press reveló en enero cómo Marsam, con sede en Sao Paulo, tenía lazos de titularidad y procesaba oro para una empresa intermediaria acusada por la fiscalía brasileña de comprar oro sucio de territorios indígenas y otras zonas protegidas.

Un exsocio de Marsam, Dirceu Frederico Sobrinho, ha sido una pieza clave de una reciente fiebre del oro en la Amazonía, y empleó una compañía separada bajo su control para comprar oro por valor de más de 2.000 millones de reales (388 millones de dólares) de mineros informales en 252 lugares.

La fiscalía federal presentó el año pasado una demanda civil contra la compañía, F.DGold, y otras dos firmas que compran oro, y les reclamaba 10.000 millones de reales en concepto de daños sociales y medioambientales.

Con esa demanda aún pendiente, la Iniciativa de Minerales Responsables (RMI, por sus siglas en inglés), retiró este mes con discreción a Marsam de una lista pública de fundiciones y refinerías que se considera siguen las mejores prácticas para obtener sus materias primas. El programa de certificación, que dirige una coalición de fabricantes con sede en Virginia, se formó tras la aprobación hace una década de una ley estadounidense que requería que las compañías hicieran público si empleaban minerales de conflicto que impulsaban la guerra civil en República Democrática del Congo.

André Nunes, consultor externo de Marsam, dijo que la firma apelaría la decisión de la iniciativa. Añadió que Marsam había realizado su propia auditoría de F.DGold y no había hallado ninguna irregularidad.

También advirtió que las acusaciones de minería ilegal contra el cliente de Marsam aún no se habían demostrado, y señaló que un juez había criticado a los fiscales en un reciente trámite del proceso judicial por no haber presentado pruebas suficientes que respaldaran su petición de suspender la actividad de la empresa mientras se concluía la investigación. (...)