En concreto, se trata de nueve textos que se fueron acumulando desde el 2017, pero en medio del repudio de movimientos sociales, renuncias o destituciones de presidentes y hasta una disolución del Congreso, los polémicos cambios en la regulación de la actividad extractiva todavía no fueron aprobados. Ahora, los diputados que promueven las modificaciones afrontan una carrera contra el tiempo porque saben que en pocos días deberán abandonar sus bancas para darles lugar a los nuevos legisladores, que ocuparán sus escaños el 27 de julio con la llegada del nuevo Gobierno. En Perú, el Poder Legislativo es unicameral y la reelección de congresistas está prohibida.

De forma reciente, la Comisión de Energía y Minas recibió todos los proyectos y elaboró un dictamen que valida el uso de bombas de succión y equipos destinados a la pequeña minería: «Balsa gringo, balsa traca, carancheras y cascajeras», se lee. También permitiría mangueras con hasta diez pulgadas de diámetro. Aunque esto no se use en emprendimientos a gran escala, los ambientalistas afirman que puede causar graves daños en la naturaleza, además de facilitarle las cosas a la minería ilegal, uno de los grandes flagelos del país sudamericano.

Además, ocho de los nueve proyectos no fueron evaluados por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, pese a ser temáticas de su incumbencia. Igualmente, más allá de la manifiesta intención de querer apresurar el trámite legislativo, es muy posible que no den los tiempos para someter las discutidas normativas a una votación y convertirlas en ley, al menos en este período de sesiones. «Pero, nada quita que el nuevo Congreso retome estos proyectos», advierte Jean Pierre Araujo, referente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).