La actividad minera en la provincia pasó a tomar importancia en los últimos años, con la exploración de yacimientos de litio, considerados entre las reservas más grandes del mundo. Esta situación hizo que todos pusieran los ojos en la provincia y no solamente analicen la actividad minera desde el punto de vista económico, sino también a partir de su inserción social, política y ambiental.

Cuando se suman los cuatros productos, el análisis pasa a ser negativo y la provincia pierde un importante margen de inversión.

Lamentablemente aparecen informes de organismos internacionales donde se proyectan el alto desinterés u oposición de organismos gubernamentales y de organizaciones sociales para el desarrollo de la actividad. Estas preocupaciones hacen al debate sobre la minería a nivel provincial entre opositores y defensores de la actividad.

En los últimos días se conoció un “mapa de conflictos mineros� desarrollado por Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina", apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), oficina de Argentina. Allí se resumen información y datos respecto de los principales actores sociales, políticos, económicos y empresariales que intervienen en la problemática desatada por la radicación de yacimientos.

Se sostiene que este programa incurre en un trabajo de inteligencia ilegal propiciando “listas negras� y en esta lista se encuentra la provincia de Jujuy, lo que desalienta las futuras inversiones mineras por no adecuarse a un marco jurídico que garantice la radicación de nuevas empresas mineras. Existe una dimensión social muy desfavorable que debe tomar en cuenta el gobierno de la provincia. El cuadro social en el que se enmarca a Jujuy está descripto como totalmente desfavorable.

“Jujuy presenta un bajo nivel de desarrollo humano (0,851), el desempeño más insatisfactorio en materia de desarrollo humano de la Argentina (PNUD). El mismo se condice con niveles de pobreza estructural que afectan a casi la tercera parte de la población, en el marco de una estructura desigual de distribución del ingreso donde el 10% más rico de la población tiene un ingreso 18,1 veces mayor que el del 10% más pobre y una tasa de desocupación de alrededor del 16.5 %.

Asimismo, la provincia presenta un �ndice de vulnerabilidad social y poblacional cuyo valor más desfavorable es el referido justamente a los aspectos demográficos y a la capacidad económica de la población. Esto se ve con particular intensidad en la región de la Puna, en donde dicha vulnerabilidad ha sido históricamente afectada por los pasivos mineros o industriales existentes en el área (Pan de Azúcar o Abra pampa). En contrapartida, se observa un desarrollo significativo de la sociedad civil, en particular del movimiento indígena, con una importante diversificación en cuanto a temáticas trabajadas y tipos de organizaciones existentes, así como experiencia en el trabajo articulado y de incidencia en políticas públicas.

En ese informe se destaca que hay “Temor de empresarios y obreros mineros de que la conflictividad asociada a la actividad, junto al impacto de la crisis internacional (2009) hagan mermar las inversiones y esto deje a distintas zonas mineras de la provincia ubicadas en la Puna, como por ejemplo Susques, sin fuentes de empleo y alternativas claras de desarrollo económico�. Entre los puntos negativos de esta descripción sobre la situación de la minería en la provincia, están las regalías mineras y las organizaciones que están en contra de la actividad minera y organizaciones ecologistas que inciden fuertemente en la decisión final de un inversor minero.

En el primer punto se describe a las regalías mineras y demás recursos generados en torno a la actividad y su distribución, como una de las causas de la conflictividad. “Las comunidades locales y actores críticos del régimen minero vigente consideran que la distribución de los recursos es perjudicial, ya que esas ventajas o réditos económicos no llegan a la gente ni a las comunidades que sufren el impacto de extracción del recurso.

 Se teme que el desarrollo de la minería a gran escala afecte negativamente el desarrollo de actividades como el turismo y la agricultura, como así también el efecto del aumento de la competencia en el mercado de trabajo y otras tensiones asociadas a la competencia por el uso de los servicios ambientalesâ€� se afirma en el informe. A esta situación se suma “la ausencia de políticas de diversificación productiva ante el escenario posterior al cierre del emprendimiento minero; es un temor reforzado por la experiencia histórica de muchas comunidades que han sufrido el deterioro socio económico asociado a la desactivación de emprendimientos asociados a la mineríaâ€�.

También existen preocupaciones relativas a aspectos socioculturales como “La falta de consulta adecuada a las comunidades locales y los impactos que la minería y su dinámica productiva puede tener respecto al modo de vida tradicional de los pueblos indígenas�. El desarrollo económico de las regiones donde se lleva a cabo la minería, es otro punto cuestionable. Mientras se desarrollan grandes proyectos mineros, como Pirquita, las poblaciones no logran crecer como pueblo.

“Existe ambivalencia entre los actores, respecto al dilema de responder a la necesidad de desarrollo económico, por un lado vinculado a promover la explotación minera en regiones como la Puna (donde muchos actores perciben que no hay otras alternativas de desarrollo económico viables) y, por otro lado, contribuir a respetar su modo de vida tradicional�. Otra de las preocupaciones pasa por aspectos ambientales, del uso del suelo y los recursos y allí se denota una falta de capacidad estatal para regular de forma apropiada los emprendimientos mineros.

Preocupa “El vacío legal existente en lo que se refiere a los seguros ambientales vinculados a la actividad. En particular, la poca claridad respecto a la responsabilidad de la gestión ambiental luego del cierre del emprendimiento. La falta de una reglamentación de la actividad minera legítima, que articule el marco normativo minero y el ambiental. El vacío legal que presenta para la actividad la falta de reglamentación de las leyes de bosques nativos (ordenamiento territorial) y la zonificación  en la zona de la Quebrada. La contaminación del agua que podría producir la minería, afectando tanto el consumo humano como las actividades productivasâ€� se destaca.

La  relativa transparencia en el proceso de acceso a la información pública, es otro de los puntos cuestionables al Gobierno de la provincia y muy desfavorable para cualquier tipo de inversiones que se pueda realizar en Jujuy. Se destaca en el informe que “No hay información disponible actualizada y de fácil acceso respecto a la producción, a cuántos recursos le quedan al Estado provincial y cómo es su distribución.

En los casos en los cuales se procesan respuestas inmediatas a la necesidad de información, no se pre-diseñó el espacio, modo y argumentos por los cuales se brinda esa respuesta. Se percibe una ausencia de sistemas y mecanismos formales y difundidos para generar y responder a los pedidos de información, la necesidad de clarificar modos de operación e impactos, mecanismos que muestren parámetros y niveles permitidos y la promoción de talleres sobre procesos de tecnología minera para las comunidades. Con respecto a las posibilidades de diálogo entre los actores involucrados, se menciona la dificultad de abordar espacios de participación de manera constructiva cuando se realizan las consultas a las comunidades�.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

El informe ambiental tampoco es muy favorable como provincia, sobre todo por la influencia de las comunidades originarias, según se detalla. “La minería en la Selva de las Yungas ha suscitado fuertes resistencias en las comunidades locales.

En los departamentos de Ledesma, Santa Bárbara y Palpalá, aparte de las áreas de protección de la biodiversidad, coexiste un uso agrícola predominante, basado en la explotación del tabaco y el azúcar, con un emergente circuito turístico que aprovecha la riqueza paisajística del área y sus diversas actividades recreativas. Esta resistencia condujo a la suspensión de permisos de prospección de hierro, anticipando tensiones estructurales entre la minería y las actividades económicas predominantes en la nuboselva.

La minería en la Puna, es una actividad típica y predominante en muchas zonas de la eco-región. Por la ausencia de usos alternativos competitivos y con capacidad de incidencia, la minería posee una conflictividad social asociada a la distribución social de la riqueza (Susques), la falta de remediación de múltiples pasivos ambientales provocadas por minas clausuradas (Pan de Azúcar) o residuos vinculados al aprovechamiento industrial del plomo (Abra Pampa) así como los reclamos de comunidades indígenas por el dominio de la tierra y la falta de consentimiento previo informado para hacer uso de la misma.

En el caso de la recientemente reinaugurada Mina Pirquitas (plata y estaño) en el Departamento de Rinconada, con una inversión aproximada de 450 millones de dólares, es el emprendimiento minero más grande de la provincia y no demuestra generar mayor resistencia en el área de influencia del proyecto, como tampoco es particular objeto de crítica. Si existen de todas maneras, cuestiones estructurales como las arriba mencionadas que podrían en cualquier momento disparar la manifestación de la conflictividad�. Cuando se inserta en el marco normativo, como punto desfavorable se habla de que “se ha identificado que la legislación minera no se adecua efectivamente así como tampoco con la ley general del ambiente.

Si bien, la provincia no cuenta actualmente con un proceso activo y orgánico de ordenamiento ambiental del territorio, sí ha establecido distintas categorías de protección de numerosas áreas territoriales. Las más salientes son la Reserva de Biosfera de las Yungas, en el área de bosques de la Provincia, en la cual si existe un ordenamiento ambiental. A su vez, la Quebrada de Humahuaca ha sido denominada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco y ya en la Puna, se creó la Reserva de Biosfera Laguna de los Pozuelos�.

En materia económica se afirma que “la actividad minera en Jujuy, en los últimos años aumentó su participación en la economía provincial, llegando a ocupar el octavo puesto en la producción nacional. En este sentido, se advierte un peso representativo de esta actividad en las exportaciones provinciales, detrás del tabaco y el azúcar, siendo el plomo, la plata y los boratos, los principales productos vendidos al exterior.

De cualquier manera, actualmente, la minería representa solo el 5 % del producto geográfico provincial muy por detrás del comercio, la agricultura y la actividad manufacturera. Cabe destacar, que en la actualidad, existen tres proyectos mineros de mediana y gran envergadura (superan en inversión los 12 millones de dólares) a nivel provincial: Mina Pirquitas, Mina Aguilar y Loma Blanca, también hay una gran cantidad de proyectos de exploración minera en todo el territorio provincial�.

Fuente: Jujuy al momento

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