El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción reclamó que la Procuración del Tesoro –que agrupa a los abogados del Estado– defienda los intereses nacionales en la causa YPF, en Nueva York, donde la Argentina fue condenada a pagar uS$16.000 millones al fondo Burford. 

"El plazo para hacerlo vence el próximo martes 25 de febrero de 2025", advirtió el grupo. La advertencia se debe a que la jueza Loretta Preska estableció que el país tiene tiempo hasta hoy para hacer su descargo contra los fondos buitre en el marco de la presentación que hizo la semana pasada la oNG Republican Action for Argentina (RAFA) para pedir que se revoque el fallo que condenó a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. 

La RAFA logró que la jueza Preska emitiera una orden de vista a las partes involucradas en el juicio. Eso es lo que ahora tiene para responder la Procuración del Tesoro, que dirige Santiago Castro Videla desde la salida de Rodolfo Barra. La designación de Castro Videla, el mes pasado, como jefe de los abogados del Estado generó dudas sobre la participación que tendrá en el juicio por la estatización de YPF, el pleito más costoso que enfrenta la Argentina, porque Alberto Bianchi, uno de los socios del estudio de abogados donde Castro Videla se desempeñaba, fue uno de los expertos elegidos por Burford Capital, el fondo que litiga contra el Estado por el Grupo Petersen en el conflicto. En su comunicado, el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción exhortó a la Procuración del Tesoro de la Nación y a YPF SA "a ejercer con determinación la defensa de los intereses nacionales y hacer propia la presentación de la oNG Republican Action for Argentina (RAFA) en la causa tramitada en Nueva York". 

Integran el Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción abogados y especialistas en temas de transparencia y lucha contra la corrupción. Firman el documento Carlos Negri, Alejandro Drucaroff, Susana Decibe, Marta oyhanarte, Horacio Moavro, Mariano Federici, María Eugenia Talerico, Alberto F. Garay y osvaldo Pérez Sanmartino. El grupo advierte que la RAFA explicó "con sólidos fundamentos" y "acompañando constancias de las denuncias formuladas oportunamente por Elisa Carrió y el informe producido por la unidad de Información Financiera en 2018 por qué el fallo dictado contra la Argentina puede y debe ser anulado". 

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