Si la firma Barrick Pueblo Viejo, que comenz贸 la explotaci贸n de oro a mediados del 2012, "mantiene la posici贸n intransigente que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no se puede quedar de brazos cruzados", advirti贸 el gobernante en medio de una ovaci贸n al rendir su primer informe de gobierno ante el Congreso. Manuel Rocha, presidente de la compa帽铆a minera, ratific贸 el mi茅rcoles en un comunicado su disposici贸n al di谩logo con el gobierno, pero que la compa帽铆a enfrenta limitaciones "debido a compromisos asumidos con las instituciones que financian el proyecto". Las canadienses Barrick Gold y Goldcorp adquirieron en 2006 la concesi贸n para explotar durante 25 a帽os la mina de oro, plata y zinc de Pueblo Viejo, 100 kil贸metros al norte de la capital.

El proyecto ha recibido amplios cuestionamientos por parte de ecologistas, grupos comunitarios y m谩s recientemente por muchos de los mismos congresistas que aprobaron el contrato al considerar que no es beneficioso para el Estado. De acuerdo con la concesi贸n, adecuada por el Congreso a favor de la minera en 2009, Barrick Pueblo Viejo comenzar谩 a pagar al Estado, una vez que haya recuperado su inversi贸n total y obtenido 10% de ganancias, el 3,2% de derecho de operaciones y 28,75% de las utilidades netas, adem谩s del impuesto sobre la renta.

La mina de Pueblo Viejo cuanta con una reserva probada de 20 millones de onzas de oro y la concesi贸n a Barrick representa la mayor inversi贸n extranjera directa que recibe Rep煤blica Dominicana en su historia. Al insistir en su disposici贸n a dialogar sobre algunos aspectos del contrato, Rocha record贸 que "la seguridad jur铆dica es fundamental" para lograr beneficios compartidos entre Barrick, el Estado y las poblaciones cercanas al yacimiento minero.

Jorge Esteva, vocero de la minera, hab铆a explicado a The Associated Press a mediados de febrero que el contrato de concesi贸n "no puede ser modificado de manera unilateral por ninguna de las partes", como exig铆an con protestas callejeras algunos grupos. Esteva asegur贸 que la compa帽铆a no hab铆a recibido hasta entonces ninguna comunicaci贸n de la C谩mara de Diputados o del Congreso para discutir eventuales cambios en la concesi贸n.

El anuncio del presidente Medina recibi贸 de inmediato el apoyo de dirigentes y legisladores de la oposici贸n. "Nosotros seguiremos moviliz谩ndonos y recolectando firmas" para lograr la modificaci贸n del contrato, dijo el diputados Juan Hubieres, quien ha encabezado varias protestas en contra de la minera. "Entendemos que habr谩 una negociaci贸n amigable, donde se respete la seguridad jur铆dica y los intereses de la empresa y del Estado", dijo Miguel Vargas, presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Medina record贸 en su discurso, en el que dedic贸 cinco de 31 p谩ginas para hablar de la minera, que los precios internacionales del oro se han incremente de 298 d贸lares la onza desde que negoci贸 la concesi贸n originalmente en 2002 a 1.700 d贸lares la onza, sin que ello represente beneficio inmediatos para el pa铆s. "De cada 100 d贸lares de ingresos por la exportaci贸n de oro y otros metales, la Barrick recibir谩 97 d贸lares y el pueblo dominicano tres" durante los primeros a帽os de explotaci贸n y "eso es sencillamente inaceptable", seg煤n el mandatario.

El jefe de Estado adelant贸 que si la minera no acepta renegociar los aspectos fiscales de la concesi贸n, someter谩 al Congreso un proyecto para crear un impuesto a los "ingresos inesperados de la empresas exportadoras de minerales" a fin de gravar el excedente entre el valor de los metales en el momento de la firma del contrato y los ingresos reales por la exportaci贸n. Medina lament贸 que "lo 煤nico que la empresa ha ofrecido (durante conversaciones en el 煤ltimo a帽os) es la posibilidad de adelantar el pago de impuestos futuros", por lo que advirti贸 que "hasta ahora hemos sido pacientes. Pero la paciencia tiene un l铆mite".

Barrick Pueblo Viejo "ha significado la inversi贸n extranjera directa m谩s grande de la historia dominicana", ha insistido la compa帽铆a minera a trav茅s de la campa帽a publicitaria "La verdad sobre Barrick Pueblo Viejo", que ha desarrollado en diferentes medios de comunicaci贸n durante el 煤ltimo mes para responder a cuestionamientos del congreso, de grupos populares, acad茅micos y ecologistas.

La compa帽铆a, que originalmente ten铆a previsto invertir 2.500 millones de d贸lares para comenzar a operar la mina, dijo el mi茅rcoles que sus gastos se han incrementado a cerca de 4.000 millones de d贸lares, que deber谩 recuperar antes de comenzar a pagar utilidades al Estado. Seg煤n la empresa, durante los 25 a帽os de concesi贸n el Estado recibir谩 unos 11.000 millones, suma similar a la que obtendr谩 la minera. "Hay que ver las cosas con confianza. El Di谩logo va a suceder, es un paso y esperamos que el futuro sea para la conveniencia de la compa帽铆a y de la Rep煤blica Dominicana", coment贸 el embajador canadiense Georges Boiss茅.