Desde Yamana Gold, enumeran cuatro factores a la hora de explicar los motivos que la llevaron a anunciar, a mediados de marzo, el parate de Agua Rica, uno de los grandes emprendimientos metalíferos que tiene en carpeta la Argentina, con una inversión estimada en u$s 2.500 millones.

Entre ellos, la demora para obtener la aprobación del impacto ambiental de la obra, la incertidumbre en lo que se refiere al esquema impositivo del proyecto, fundamentalmente sobre las retenciones, que fueron modificadas por una carta enviada desde la Secretaría de Minería a la Aduana en 2007, la falta de inversores para financiar la iniciativa y la caída del precio del cobre, principal recurso del yacimiento catamarqueño.

“Sin embargo, casi al mismo tiempo que dimos a conocer la suspensión del proyecto, la provincia nos autorizó el informe de impacto ambiental, lo cual implica un importante avance�, explican allegados a la minera canadiense. Con ese aliciente, la empresa puso manos a la obra para solucionar el segundo punto: el marco impositivo del proyecto.

La intención de la minera es conseguir un certificado de estabilidad fiscal firmado por el Gobierno que garantice que las retenciones no superarán, bajo ningún concepto, un 5% de lo exportado. “La empresa está buscando, juntamente con funcionarios del Poder Ejecutivo, alternativas que clarifiquen a largo plazo el esquema impositivoâ€�, detallan fuentes de la gobernación de Catamarca. 

Los encontronazos entre las mineras y la administración K surgieron a fines de 2007, cuando la Secretaría de Minería, a cargo de Jorge Mayoral, elevó los derechos a la exportación entre un 5 y un 10% para todos los proyectos de metales en marcha (los que presentaron el estudio de factibilidad después de 2002 ya tributaban ese porcentaje). La decisión fue a contramano de la Ley de Estabilidad Fiscal -dictada en 1994-, que prohibía modificar por 30 años el marco impositivo del sector.

REGLAS CLARAS

Ahora, lo que reclama Yamana no es más que la anulación de esa decisión, que aunque lleva el sello de Minería fue ideada por el Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. “Lo cierto es que la ecuación económica cambiaría de manera radical si lográramos que el Gobierno reconozca un 5% de retenciones y no el 10%, como pretende aplicar�, admiten desde la minera.

Un 10% es lo que paga -y lo que motivó una demanda judicial por parte de la compañía contra el Estado- Minera Alumbrera, que explota el yacimiento homónimo en Catamarca, el mayor proyecto de cobre en actividad en el país.

“De ahí que para la empresa sea vital despejar cualquier tipo de duda en materia impositiva. Con ese terreno aclarado sería mucho más accesible conseguir inversores interesados en participar del proyecto�, indican desde Yamana, que además es dueña de Gualcamayo, una importante mina de oro en San Juan, que acaba de entrar en explotación.

Fuente: El Inversor Enérgetico & Minero

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