Una de las condiciones de parte de los legisladores para otorgar la media sanción apuntó a que la futura compañía estatal respete la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro.

También se explicitó que la firma no tendrá participación en actividades extractivas, como la minería, uno de los sectores más cuestionados en suelo cuyano. Los únicos que resistieron la aprobación fueron los dos senadores del Partido Demócrata. La iniciativa será tratada la semana que viene en Diputados.

Las aclaraciones que apuntaron a sostener la postura antiminera de la provincia llegó luego de que Pérez manifestó su voluntad de reactivar la mina de uranio Sierra Pintada, en San Rafael. En cambio, se prevé en el texto aprobado que la nueva compañía, que apenas tendrá $ 5 millones como capitalización inicial, sea parte activa del negocio energético, principalmente en el rubro petróleo.

Hasta el momento, Mendoza es la única de las diez integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) que no cuenta con una empresa provincial que pueda oficiar como socia de todas las empresas que en adelante obtengan permisos de Estado para explorar y extraer crudo del subsuelo mendocino. Atento a la negativa minera y la apertura por la producción de insumos de energía, Pérez ya solicitó al Gobierno nacional que catalogue al uranio como combustible.

Sucede que el hasta ahora considerado mineral por el Código Minero se vende a unos 100 dólares el kilo en el exterior, por lo que además de ser utilizado para producir energía podría ser exportado para que ingresen divisas al país. Sierra Pintada es el tercer yacimiento de uranio a nivel mundial, con reservas por 20 años.

En cuanto al directorio, el oficialismo acaparará los cinco asientos, mientras que la oposición tendrá un representante entre los tres síndicos que auditarán a la compañía. El texto aprobado mantiene la distribución accionaria que deja sólo el 19 por ciento de los títulos en manos privadas. Otro 10 por ciento irá para los municipios y el 71 por ciento restante, a la provincia. Sin embargo, la norma aclara que los concesionarios de servicios privados como Edemsa, por ejemplo, no podrán tener acciones en la nueva compañía.

Fuente: Ámbito Financiero

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