El gobierno deberá acudir al mecanismo de insistencia ante el Senado para intentar reponer la propuesta. Las principales críticas esgrimidas por los congresistas opositores para justificar su voto en contra fueron que el cuerpo legal no hace una distinción entre las grandes empresas y la pequeña y mediana minería al momento de definir estándares de seguridad y establecer sanciones a quienes incumplan la normativa. Además, se consideraron “insuficientes� los recursos asignados y el número de funcionarios destinados a fiscalizar las labores mineras. El rechazo del proyecto posterga resolver los severos cuestionamientos que surgieron a partir de la investigación posterior al accidente que en 2010 dejó atrapados a 33 operarios en un pique de la Región de Atacama.

Ese episodio puso en evidencia las precarias medidas de seguridad con las que contaban esos trabajadores y la escasa capacidad de fiscalización que tenían los organismos del Estado encargados de cumplir dicha función. La ley debe establecer estándares mínimos de seguridad que sean aplicables a toda faena minera, cualquiera sea el tamaño o capacidad de la empresa que la desarrolla, evitando cargas injustificadas que impidan el desarrollo de este sector. Por encima de esos mínimos, que resguarden siempre la integridad física de los trabajadores, pueden fijarse estándares más exigentes cuando la complejidad o riesgo de las faenas lo amerite, lo que permite compatibilizar la viabilidad económica  de la pequeña y mediana minería con la solución de los problemas de seguridad ya descritos.

Fuente: La Tercera

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