En las últimas 48 horas, Eugenio Marcos Núñez ha sobrevivido a todo. Él fue el único que se salvó de morir la madrugada del miércoles en la mina Gazuna (a media hora de Oyón, en la sierra de Lima), pero además ha debido soportar el necesario asedio de los funcionarios de varias entidades del Gobierno Regional y del Ministerio Público, que requerían su testimonio para elaborar sus informes (y de la prensa, es cierto).

Durante todo este ajetreo, Eugenio no podía entender por qué seguía sintiendo mareos y por qué, como repetía constantemente, se sentía “pesado”.

Por momentos, su cuerpo no respondía porque había inhalado gases cuyo nombre ni siquiera conocía y que habían causado la muerte de ocho paisanos y amigos suyos. Nacido en el distrito de Llata (provincia de Huamalíes, en Huánuco), Eugenio es uno de los tantos mineros sin ninguna experiencia que vienen desde tierras huanuqueñas a internarse en los socavones, por la promesa de un sueldo medianamente decoroso.

EL CAOS RENTABLE

Aquí, en Oyón, la historia tantas veces contada de las fiebres mineras que terminan degenerando en un problema estructural de tipo económico y social se repite. Existen en total 144 concesiones de minas de carbón en esta provincia, de las cuales 122 ya están tituladas y 22 están en trámite. De las 144, sólo 16 operan actualmente y, de estas, siete lo hacen sin autorización para los trabajos de explotación. Según explicó Élmer Ruiz, Jefe de la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima Provincias, los representantes de la mina Gazuna tienen título de concesión minera, certificado de pequeños productores mineros y un estudio ambiental preliminar.

Sin embargo, no cuentan con estudios ambientales formales ni con permisos de explotación. “Se elaborará un informe y se procederá a la clausura de la mina. Muchos inversionistas creen que con tener título de concesión ya es suficiente, pero se necesitan permisos concretos para explotar”, explicó Ruiz, quien realizó una inspección en la mina siniestrada. El funcionario reconoció que no ha habido un trabajo de fiscalización eficaz, debido a que, pese a que esta función fue derivada al Gobierno Regional, no se asignó el presupuesto necesario. Para fiscalizar una mina de carbón en Oyón se requiere al menos una camioneta, pero no se tenía ninguna hasta hace unas semanas. Para los mineros aquí no había ley. No la hay aún.

UNA PROLONGADA CRISIS

La historia de este avance desordenado de la minería informal en Oyón se remonta a la primera mitad de los años 90. Por aquella época, los dueños de grandes minas de carbón empezaron a otorgar pequeñas concesiones a sus antiguos trabajadores para evadir las inspecciones que amenazaban sus irregulares negocios. Toda la provincia, entonces, se llenó de pequeñas parcelas mineras mal explotadas. Además, según indicó Alejandro Vizurraga, Gobernador de Oyón, se tendría indicios de que, en los últimos años, algunas autoridades locales habrían recibido dinero para no entrometerse en los asuntos de los explotadores de carbón. Para no mirar, al fin y al cabo.

Aunque, por ahora, las denuncias son sólo eso, se sabe que en diversas estancias vienen siendo investigadas. Las consecuencias de una explosión son devastadoras: el socavón donde se reportó el siniestro es ahora un laberinto semidestruido, en cuya entrada se sigue acumulando el barro negro. A unos kilómetros de la mina, en la ciudad de Oyón, los parientes de los fallecidos velaban los cuerpos parcialmente carbonizados, a la espera de recibir más ayuda de la empresa minera.

EL DATO: Al cierre de esta edición, familiares de los mineros fallecidos denunciaron que los representantes de la mina Gazuna querían darles una indemnización de apenas S/.1.000. Ellos se reunieron en la comisaría de Oyón, donde hicieron pública su protesta.

LA CIFRA: 15 Soles diarios gana en promedio una persona que trabaja en una mina informal en Oyón. No cuenta con seguro médico ni accesorios de seguridad que eviten algún tipo de accidentes.

Fuente: El Comercio

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