A partir de 2009 dos empresas mineras trasnacionales comienzan gestiones para la instalaci贸n de proyectos extractivos de litio en territorios ancestralmente habitados por comunidades kollas y atacamas: Salar de Olaroz (departamento de Susques, Jujuy) y Salinas Grandes (l铆mite entre Jujuy y Salta). Si bien los dos conjuntos de comunidades se encuentran geogr谩ficamente muy cercanas entre s铆 y presentan tradiciones culturales y contextos institucionales similares, los procesos desencadenados resultaron en respuestas divergentes respecto de la instalaci贸n de los proyectos.

Por un lado, las diez comunidades de influencia del proyecto Sales de Jujuy (Olaroz) dieron su aprobaci贸n para la explotaci贸n y la empresa se encuentra extrayendo y exportando litio desde diciembre de 2014. De esta manera, la empresa Sales de Jujuy logr贸 cierta legitimidad que le permite funcionar e integrar marginalmente a las comunidades de Olaroz en sus operaciones.

En contraste, en la cuenca de las Salinas Grandes y la Laguna de Guayatoyoc, las 33 comunidades que habitan el territorio ( Salinas Grandes) se opusieron al ingreso de la empresa minera South American Salars, reclamando la implementaci贸n de una consulta previa mediante un mecanismo institucional elaborado por los propios comuneros.

A partir de la creciente demanda china y el incremento in茅dito del precio de las commodities en las 煤ltimas dos d茅cadas, se produjo una revalorizaci贸n de los productos primarios y del atractivo y las ventajas de su explotaci贸n para los pa铆ses de la regi贸n.

Con todo, este 鈥渞etorno del auge de los productos primarios鈥� coincidi贸 con la inclusi贸n de la protecci贸n del ambiente y el reconocimiento de derechos espec铆ficos de los pueblos ind铆genas en las agendas p煤blicas.

En la pr谩ctica, esto genera una tensi贸n entre un marco normativo protector de los derechos ind铆genas y un avance de proyectos de explotaci贸n de recursos naturales en territorios ancestrales.

En consonancia con el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), el art铆culo 75 de la Constituci贸n argentina reformada en 1994 establece la preexistencia 茅tnica y cultural de las comunidades de pueblos originarios y el reconocimiento tanto de su personer铆a jur铆dica como de la posesi贸n y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Adem谩s, la Constituci贸n respalda la participaci贸n de las comunidades de pueblos originarios en la gesti贸n de sus recursos naturales.(...)