El gobernador Jorge Sapag se refirió en términos muy duros hacia la empresa minera Vale ante la conocida suspensión del emprendimiento Potasio Río Colorado. “Tienen que poner la cara”, dijo el mandatario neuquino, quien salió al cruce después que el director en Argentina del proyecto, Sergio Marcio de Freitas Leite, en una carta dirigida al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y con copia a él, argumentara que la decisión de desistir de esta inversión se sustentó, entre otras razones, en que no se les otorgó beneficios impositivos. A su vez, Leite puso en tela de juicio la “actuación del gobierno nacional, junto a las provincias y municipalidades para reducir o eliminar demandas políticas que encarecen el proyecto”.

Ante esta situación, Sapag apuntó: “Es la empresa número uno del mundo y el mundo está convulsionado, pero que no nos vengan a echar a nosotros la culpa que tienen ellos”. Sostuvo que la minera tiene que dar las razones de por qué suspendió la inversión. “Han simplificado la realidad y en la vida hay que hacerse cargo. Hace siete meses nada más, el presidente de Vale estuvo en la Casa Rosada y dijo que la obra se hacía y que costaba 5.700 millones de dólares. Ahora nos enteramos que la obra sale 10.900 millones de dólares”, señaló.

Consultado respecto a si se iban a iniciar acciones judiciales contra la firma brasileña, Sapag sostuvo que eso no estaba en análisis pero advirtió que habrá que ver  “qué acciones asume Mendoza con el yacimiento, qué accionen asumen las empresas con los compromisos que tomaron con las empresas, con los trabajadores, cómo se hacen las indemnizaciones correspondientes y cómo se responsabilizan con los convenios de responsabilidad social empresaria firmado con la provincia y los municipios”.
 
“ASOMBRO Y FASTIDIO”

Antes de estas declaraciones, Sapag dio a conocer un escrito dirigido a Leite. Allí, el gobernador expresó su “asombro y fastidio” por la medida adoptada por el holding internacional. Recordó que “la semana pasada tuvimos una reunión con los gobernadores de Mendoza y Río Negro, junto al intendente de Bahía Blanca y al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. Allí firmamos una nota con todas las autoridades mencionadas en la que aprobábamos dilatar en el tiempo una serie de inversiones colaterales al proyecto pero que podían esperar en el tiempo y que sumaban alrededor de 700 millones de dólares”.

En cuanto a los acuerdos de responsabilidad social empresaria entre la minera y los municipios, Sapag respondió que “en el caso de la provincia del Neuquén el convenio de inversiones a efectuar por Vale fue aprobado por decreto provincial para ser aplicado a obras de educación e infraestructura en consideración al impacto poblacional que el proyecto fue generando en la región, en especial en Rincón de los Sauces”.

Con relación al incremento de los costos del proyecto, uno de los argumentos de Vale para suspenderlo, Sapag afirmó rechazar “categóricamente que demandas de los gobiernos provinciales o municipales en el marco de la responsabilidad social empresaria de Vale por convenios conformados por vuestra superioridad puedan haber afectado un proyecto de inversión de 5.900 millones de dólares que ahora ustedes estiman en más de 10.900 millones de dólares”.

Para el gobernador neuquino directamente este hecho “constituiría un evidente y aparente error de cálculo de vuestra compañía absolutamente indisimulable. Pretender trasladar este aparente error o imprevisión a las provincias, a los municipios o al gobierno nacional argentino, representa una acción absolutamente injustificable”.

INVERSIÓN

Por su parte, en la carta enviada por Sergio Marcio de Freitas Leite a de Vido la empresa brasileña recordó que frente al incremento de la inversión inicial estimada de u$s 5.900 millones a u$s 10.900 millones por las dificultadas le plantearon al gobierno nacional algunas alternativas para mejorar la rentabilidad del negocio.

Entre ellas, la compra de bonos de la deuda argentina en el mercado externo con descuento y su posterior reventa al Banco Central; recuperación anticipada del IVA pagada en la etapa de implantación del proyecto; la eliminación del impuesto de  exportación ya que la Argentina prácticamente no consume potasio y por lo tanto no existen riesgos de desabastecimiento; actuación del gobierno nacional junto a las provincias y municipalidades para reducir o eliminar demandas políticas que encarecen el proyecto. Pero Nación se opone a rebajas impositivas.