Desde esa fecha hasta ahora han pasado muchas cosas: demandas, tratamientos médicos en el exterior, acusaciones y olvido, entre otras. Sin embargo, el daño está hecho. A pesar de que en 2010 la empresa Inesco había informado que los obreros “estaban fuera de peligro”, a la fecha hay cuatro fallecidos y un trabajador en estado crítico.  La denuncia la realizó Román Zelaya, dirigente de los trabajadores petroleros, quien hace tres días viene alertando del estado crítico de estos obreros. “Es como el cáncer, la enfermedad avanza”, dijo. En las últimas horas, según Zelaya, surgieron amenazas judiciales  por parte de la empresa brasilera Petrobras, esto sucedió tras que el dirigente visitara  a uno de los enfermos y denunciara dicha situación.

Para algunas autoridades y empresas implicadas el caso está cerrado.  “Me está amenazando Petrobras con proceso judicial y es que este dirigente denunció esto. Me van a procesar”, afirmó Zelaya quien agregó que no se puede permitir que “trapeen” a los obreros en su propio país. Con respecto a la situación de los obreros  condenados a muerte, el dirigente aseguró que le informaron  desde Caraparí el mal estado de uno de los afectados. “Algunos  me han dicho que están trabajando, por eso hoy me estoy yendo a Caraparí, para saber con exactitud la situación de ellos. Aunque me dijeron que uno ya está muy mal”, informó.

Ante esta situación, Zelaya dijo que enviaron a un representante de los trabajadores petroleros a la ciudad de  La Paz, ya que se busca que la situación sea reevaluada  y de esta manera se evite que otros obreros corran el mismo riesgo. Entre las acciones ya realizadas anteriormente frente a este problema, Zelaya informó que se vetó el funcionamiento de Inesco en Bolivia, pero aun así  continúa operando en el país. “Siguen trabajando y les pregunté  ¿por qué cometieron el error  y ellos me dijeron: ‘no Zelaya, no somos nosotros los responsables, quien nos dio el espacio contaminado es Petrobras’, dicen que no sabían que estaba contaminado”, reveló

¿FALTA DE APOYO DE LAS AUTORIDADES?

Zelaya lamentó que el inspector de trabajo asegure que esta situación ya es un caso cerrado. “El inspector de trabajo  de  Yacuiba se está preguntando por qué nosotros  estamos denunciando, si  este tema ya estaba cerrado. Yo digo que hay compañeros muriendo por la contaminación y ellos me dicen que esto ¿es un caso cerrado?”, cuestionó.  La jefa departamental del Ministerio de Trabajo, Orlinda Girón,  tras recabar información acerca de este accidente deslindó responsabilidades y dijo que ella no estaba trabajando en 2009 y añadió que el caso corresponde a la regional  de Yacuiba.

Sin embargo, informó que envió  los informes respectivos a la jefatura  departamental del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz y aclaró que pidieron datos del caso al Ministerio General del Trabajo. Dijo que buscan saber qué tratamientos y cómo ha intervenido el ministerio nacional en este caso. “El ministerio  nacional  intervino directamente”, afirmó Girón y añadió que de acuerdo a la ley, las indemnizaciones por muerte  a causa de contaminación  o accidente corresponden a 24 sueldos. Cabe resaltar que de la misma manera Girón, en un primer contacto telefónico con El País sobre este tema, manifestó que el tema “ya se habría tratado varias veces”, sin embargo, luego manifestó que desconocía del caso.

ABOGADO LABORISTA: “SE VIOLO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO”

Ante esta situación consultamos al abogado laborista Sergio Fernández, quien recomendó al Ministerio de Trabajo tomar todas las acciones correspondientes,  ya que se quebrantó la Constitución Política del Estado y las leyes de seguridad  social. Explicó que estas personas deberían tener una  renta de invalidez y beneficios sociales de por vida. “Si es que la empresa no ha previsto la seguridad industrial, tiene que correr con una renta de invalidez, honrar herederos con indemnización por muerte, pagar beneficios sociales y resarcir el daño total  a sus familiares”, dijo. Consultado si corresponde que el Ministerio de Trabajo de Tarija, envíe el caso al Ministerio de Santa Cruz  si el hecho sucedió en territorio tarijeño, explicó que el ministerio departamental  tiene competencia a través de inspectores  regionales.

“Si los trabajadores se contaminaron  en   Caraparí, el caso no puede ser llevado a Santa Cruz, eso es totalmente violatorio”, dijo. Para finalizar, explicó que según el artículo 6,  46 y 48  de la CPE y el art.4 de la Ley General del Trabajo, se debe iniciar un proceso de infracción de leyes sociales.  “Si no tenían la ropa de protección  para estar en estos lugares ya existe infracción. Además, hay que ver si la empresa hizo aportes a las AFP  y llámese el seguro social  y  si  tenían la caja los obreros”, concluyó. El País intentó comunicarse con Petrobras, sin embargo los intentos no dieron fruto debido a que las fuentes no contestaron su teléfono. Hoy se hará un nuevo intento en busca de la contraparte.

CRÓNICA DE UNA TRAGEDIA

En diciembre de 2009 en el campo San Alberto 21 obreros realizaban un trabajo de rutina, según Inesco el sistema de seguridad falló cuando sus empleados iban a desarrollar tareas de soldadura. En el lugar había un líquido no identificado, era mercurio una sustancia líquida muy dañina para la salud. Al respecto, el ex ministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos subrayó, en ese entonces, que en la limpieza que realizó Petrobras quizás se violaron algunos pasos de procedimiento. Algunos afectados  en su momento (diciembre de 2009) presentaron la denuncia ante la dirección de Trabajo, pidieron la participación de la Fiscal de Distrito y exigieron que Inesco corra con todos los gastos de curación en el exterior y que se los indemnice.

El neurólogo Jaime Terceros, que participó en la junta médica especializada en salud ocupacional de la Caja Petrolera, explicó que los infectados presentaban daños neurológicos tanto centrales (cerebro) como periféricos (extremidades). El metilmercurio y el mercurio elemental son los más preocupantes, ya que son venenosos para el sistema nervioso. El 11 de julio de 2010 se conoció que la empresa Petrobras y la compañía de servicios Inesco asumieron sus responsabilidades. Por un lado, el administrador de Contrato y Proyectos de Inesco, Gary Nogales, dijo, a El Deber, que se hicieron “malabares” para conseguir los medicamentos necesarios para curar a los operarios.

“Los médicos nos han informado que ellos están fuera de peligro. Los exámenes sobre mercurio se han realizado en Bélgica. Nosotros hemos estado coadyuvando en todo. Son cuatro o cinco los que tienen dolencias, los demás continuaron su trabajo”, aseveró Nogales en 2010. Al respecto, Petrobras Bolivia indicó que, en cumplimiento de las normas de seguridad, medio ambiente y salud, aplica procedimientos operativos de referencia para garantizar la ejecución de las operaciones con seguridad y agregó que hace seguimiento a las medidas adoptadas por la contratista Inesco con referencia a los tratamientos médicos para cada uno de sus empleados.

El 21 de agosto de 2010, el Deber publica que el juez quinto de Partido de Trabajo y Seguridad Social, Richard Vargas Vaca, determinó el congelamiento de fondos de la empresa de servicios petroleros Inesco S.A., hasta un monto de $us 1,7 millones. La medida fue instruida para que sea cumplida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). La acción judicial se enmarcó en la demanda laboral que diez trabajadores de esa empresa iniciaron  bajo el cargo de accidente de trabajo y riesgo profesional. Por su parte, Inesco, al confirmar la decisión del juez, indicó que es respetuosa de las leyes.

El abogado defensor de los trabajadores, Enrique Hurtado, dijo que, además, solicitaron una copia legalizada del informe que Petrobras entregó al Ministerio de Trabajo, donde hay documentos de resultados de laboratorio de los trabajadores contaminados. “En algunos de ellos se observa que también están contaminados con metales como arsénico, aluminio, plomo y titanio, con porcentajes por encima de lo que puede permitir el cuerpo humano”, dijo. Sobre este tema, Inesco sostuvo que cualquier explicación médica debe ser dada por los especialistas de la Caja Petrolera de Salud y aseguró que los trabajadores se están recuperando completamente.

Hurtado retrucó que la opinión de esa entidad aseguradora no es creíble porque ha sido contratada por el empleador, por lo que incluso, según la Ley 1732, se prohíbe que las gestoras de salud puedan calificar algún grado de invalidez. Aclaró que los $us 1,7 millones cubrirá solamente el tratamiento médico en Zaragoza (España). El 26 de abril de 2011 una nota publicada por la Estrella del Oriente informa que los trabajadores envenenados con mercurio protestaban en las afueras de las oficinas de Petrobras pidiendo el pago del 100% de sus sueldos devengados. Inesco se defendió y aseguró que siempre brindó apoyo a los afectados.

En la misma fecha los trabajadores contaminados rechazaron la propuesta de reincorporación laboral realizada por Inesco mediante un medio de comunicación escrito. Por su parte, representantes de Inesco, a través de un espacio solicitado calificó las acciones asumidas “como una campaña mediática de mentiras”. En la actualidad la versión emitida en 2010 por el administrador de Contrato y Proyectos de Inesco, Gary Nogales, quien dijo que  “los médicos y exámenes de Bélgica informaron que los obreros están fuera de peligro” parece desplomarse.

Fuente: Hidrocarburos Bolivia

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