Esta compañía que debería ser operada por el Gobierno se conformaría a partir de la emisión de una ley especial del Congreso de la República. En la propuesta no se establece cuánto serían los porcentajes de participación del Estado, por lo que podrían ser hasta del 100%. Esto dejaría a un lado la intención inicial del Ejecutivo de controlar el 40% de una eventual empresa minera, como en algún momento se planteó.

En la propuesta se lee: “...considerando que esta empresa estatal pueda ser una entidad autónoma y descentralizada como lo es el Instituto Nacional de Electrificación, se reforma el artículo 8 y se deja establecido que será creada mediante una ley específica, tal y como lo establece el Artículo 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala�. El titular del MEM, Érick Archila Dehesa, anunció a Siglo.21 que, luego del análisis y los estudios técnicos de la propuesta, de los 80 artículos que conforman la actual Ley de Minería, se determinó que 33 deben ser reformados.

LOS QUE RESALTAN

Entre los cambios más importantes, Archila remarcó que “se busca crear un Consejo Minero, el cual estaría conformado y presidido por el MEM, además del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la Secretaría de Panificación y Programación de la Presidencia, (Segeplán), así como por la Gremial de Industrias Extractivas, la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y el Instituto de Fomento Municipal, con la intención de regular y decidir en temas relacionados con las minas� (lea: El Artículo 163). El Ministro explicó que, además, se busca crear un seguro minero, para que los titulares de la licencia de explotación garanticen el pago de los daños, en dado caso la empresa no cumpla con lo establecido en el plan de cierre o finalice operaciones por falta de presupuesto u otros factores.

Al respecto, el director del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), Yuri Melini, hizo ver que desconoce el proyecto de reformas. Según el ecologista, la nueva norma debería incluir 4 puntos “no negociables: mayores controles ambientales, reconocimiento de la participación ciudadana y vinculación de las consultas municipales o comunitarias, así como que las regalías sean justas para el país e indexadas al comportamiento de los precios internacionales, además de la transparencia e integridad del sector�. La representante del Consejo de Pueblos Quichés, Lolita Chávez, señala que acciones al margen de las comunidades muestran “una clara complicidad entre las empresas transnacionales y los intereses de las oligarquías nacionales�.

Fuente: Siglo XXI

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